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El concurso y sus enemigos (2005)

by on April 4, 2013

Recientemente, desde distíntos ámbitos –académicos, profesionales y de distíntas generaciones— se ha externado preocupación y descontento por los procedimientos y resultados de los concursos públicos de arquitectura de los últimos años en México. Esas preocupaciones comparten la frustración frente a un mecanismo que parecía representar la alternativa a las adjudicaciones directas de proyectos públicos. Sin embargo, la promesa de que los concursos conllevarían una más clara, transparente y meritocrática asignación, pero sobre todo que resultarían en mejores obras, parece no haberse cumplido. Existen varias razones por las que no ha sido así.

En primer lugar, los concursos no se han complementado con acciones básicas para su efectividad. La más evidente es que las leyes de obra pública no contemplan la figura del concurso, lo que representa un enorme obstáculo para su adecuada implementación. Si a esto se le suma la dudosa configuración de jurados, los criterios de selección de los mismos, la falta de vinculación entre la selección de un proyecto, la asignación de recursos y la realización del mismo, el escenario no es muy alentador.

Otro factor ha sido la sombra de la corrupción, de que las reglas y las decisiones no son claras. Según Transparencia Internacional, la corrupción en el sector de la construcción y obra pública es mayor que en cualquier otro sector de la economía. Es ingenuo pensar que estas prácticas sólo ocurren en los procesos de construcción y no en los de diseño. La corrupción puede existir tanto entre los organizadores y el jurado como entre los participantes, y van desde que algún competidor tenga más o mejor información, a la existencia de vínculos cuestionables entre participantes y jurados, hasta la ‘crónica de un ganador anunciado’. Entre algunos jurados e instituciones existe todavía la noción de ‘fraude patriótico’, privilegiando a un arquitecto, por amistad, trayectoria o gusto, aunque su proyecto no sea el de mayores méritos ni cumpla con los requisitos técnicos. Lo alarmante es, según parece, que el fin justifica los medios y es preferible tener buenos edificios, aunque se realicen con prácticas poco éticas, quebrantando procedimientos democráticos y verificables. Esto es preocupante, ya que genera una apología del autoritarismo.

En concursos recientes también se ha percibido un chauvinismo que lleva a privilegiar a arquitectos locales, yendo del ‘sospechosismo’ a la franca indignación entre arquitectos extranjeros. Con o sin razón, la credibilidad de México como sitio donde impere la ecuanimidad y transparencia ha quedado francamente lastimada, promoviendo una imagen de nacionalismo bananero. El riesgo es que el país se vuelva poco atractivo para arquitectos extranjeros, minando la confianza y la legalidad de los procedimientos.

Por último, los concursos públicos no han traído los beneficios asociados a los mismos. No han servido para promover nuevas generaciones —como en Francia o España—, no han generado proyectos originales –como la Villette o la terminal de Yokohama— ni han promovido un debate sobre temas relevantes —como en el WTC de Nueva York. Por el contrario, parecería que sólo han confirmado virtuosismos o, peor aún, resucitado arquitecturas anacrónicas.

Para sentar las bases de un cambio auténtico, planteamos tres sugerencias:

1. Profesionalizar la organización de los concursos:
Es fundamental estudiar cómo organizan concursos instituciones de países que llevan décadas haciéndolo. Esto es clave para que los procedimientos tengan sentido, diferenciando si el objetivo es escoger un proyecto específico o seleccionar un arquitecto con quien trabajar. No existe un modelo único de concurso, por lo cual ni los alcances, ni los requisitos ni los miembros del jurado deberían ser iguales en todos los casos. En España, por ejemplo, los participantes a un concurso tienen poder de nominar a un miembro del jurado; un sistema de reconocimiento de colegas que garantiza credibilidad. Resulta esencial que las instituciones dejen madurar la toma de decisiones, sin supeditarlas a fines electorales o personales. La transparencia del debate y de las decisiones del jurado son fundamentales para evitar la ‘caja negra’ (se sabe lo que entra y lo que sale, pero no lo que pasa adentro). Las actas del jurado deberían convertirse en herramienta que justifique los motivos de su decisión.

2. Desarrollar un sistema de jerarquización de concursos
Es absurdo pensar que todos los concursos requieran proyectos desarrollados o que los requisitos participación sean un obstáculo para evaluar la arquitectura. Por el contrario, habría que fomentar desde concursos que sean sólo de ideas hasta otros orientados a especialidades y que requieran de experiencia y méritos adquiridos.

3. No todo proyecto público puede ni debe ser por concurso
Es engañoso pensar que la arquitectura y la democracia vayan de la mano, ya que ni la participación abierta ni la licitación pública sustituyen el ingenio creativo o especializado. Es ingenuo poner tantas expectativas en los concursos sin reconocer que existen otros esquemas para construir ‘lo público’. Las instituciones públicas deben reservarse el poder de valorar cuándo y cómo convocar un concurso, y cuándo inclinarse por un concurso restringido o por una asignación directa. Lo que sí se puede hacer es conferir a esos procesos la transparencia adecuada para que su combinación resulte en una mejor gestión de la obra pública. En este sentido, el ‘peer review’ -revisión por parte de colegas- ha llevado a que en Estados Unidos sean los profesionales reconocidos quienes asesoren a la institución.

Así como la democracia no es sólo una instancia electoral, tampoco la ‘democracia arquitectónica’ puede limitarse a la simple convocatoria de concursos. Debe haber una transformación profunda tanto en las prácticas como en las instituciones, y que las normas garanticen que los concursos no sean sólo motivo de polémica y de división profesional, distinguiendo entre discusiones de procedimientos y discusiones de estética.

El desencanto no debería producir un cinismo autoritario -“ya lo decíamos que los concursos no funcionan…”- ni un optimismo conformista -“el concurso fue un éxito y los resultados están ahí…” Los ‘enemigos’ del concurso arquitectónico no son quienes plantean una reflexión crítica para reformarlos sino quienes, como actores del mismo, perjudican, por acción u omisión, el desarrollo de concursos transparentes, los que privilegian el silencio o el pensamiento único, los que anteponen prejuicios estéticos o amistades en lugar de asumir los riesgos de la sorpresa, los que prefieren el concurso como mecanismo excéntrico en lugar de convertirlo en el instrumento central de la práctica y de la construcción de la obra pública.

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