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Indignados

by on April 8, 2013

¿Dónde están los indignados por la arquitectura de México? En un país sin una regulación clara en los métodos de encargo de proyectos arquitectónicos de obra publica ni en la realización de concursos, la falta de transparencia afecta tanto a clientes y arquitectos como a los proyectos en sí. También afecta a los ciudadanos en general, quienes viven en lugares donde no sólo la arquitectura “oficial” se realiza con irregularidades, sino más del 60% de lo que se construye se hace de manera informal. ¿Porqué se requiere modernizar la legislación vigente?¿Porqué la democratización en los procesos de asignación de proyectos de arquitectura pública es un tema que atañe a todos? Importa no sólo porque cada proyecto pagado con dinero público podría tener a más personas ofreciendo mejores soluciones, sino porque el propio ejercicio de democracia abriría la posibilidad de generar plataformas más sólidas; tomar mejores decisiones. Ayudaría a encausar las voluntades políticas y el dinero de todos a proyectos más eficientes, de alcances realistas. Obligaría a los arquitectos a satisfacer deseos colectivos.

Los términos en los que se producen los proyectos públicos –desde un monumento a un edificio gubernamental o la reparación de una banqueta- son no sólo opacos sino injustos. La inoperatividad de las instituciones ha dejado a los arquitectos desprotegidos, a los políticos sin brújula, a los inversionistas sin certezas y a la sociedad en un entorno caracterizado por visiones a corto plazo. Los arquitectos, como gremio desarticulado, no estamos siendo capaces de ser útiles a la sociedad. ¿Quién está planeando la manera en la que se desarrollan nuestras ciudades? ¿Cuál es la relación entre los proyectos de obra pública y las infraestructuras de transporte, los programas de vivienda o las políticas sociales? Por lo general, se recurre a la excusa del sentido de urgencia para generar proyectos absurdos y desligados del resto. A esta condición se ha sumado el deseo de replicar el efecto del efecto Guggenheim de Bilbao. Pero se sabe de sobra que el proyecto de renovación de Bilbao, como el de Barcelona, se apoyó no sólo en la realización de edificios emblemas de arquitectos del starsystem, sino sobre todo en una serie de estrategias que comprendían desde el diseño de una pequeña plaza de barrio y una guardería, hasta la redefinición de la periferia y los servicios de la ciudad. El vínculo entre inversión privada y obra pública se sustentó en base a la trasparencia. Ésta tuvo que ir de la mano con una democratización de la arquitectura, donde los concursos confiables fueron clave.

Hoy tenemos ejemplos muy próximos –como los de Medellín y Bogotá- donde a pesar de  situaciones de carencia extrema, han sido capaces de reescribir en pocos años la historia de sus ciudades. A partir de una serie de proyectos de obra pública pensada para conectar las zonas marginales con programas sociales y de infraestructura de transporte público, ha sido posible modificar desde sus índices de violencia hasta sus ingresos por turismo. Se ha tratado de pequeños espacios deportivos, centros cívicos, bibliotecas de barrio o banquetas que conectan con la cultura, el vecino y el transporte público. Los efectos de la burbuja inmobiliaria de otros países, quienes padecen los cascarones vacíos de autores de renombre, han forzado a replantear el papel de los arquitectos en la sociedad. También obligan a cuestionar las acciones políticas de cara a la ciudad.

En México, ¿quién decide en qué y en dónde se emplea el presupuesto de obra pública? ¿Quién elige al arquitecto? ¿Cómo garantizar que el proyecto seleccionado se construya y se construya bien? Lo que queda, frecuentemente, no son sólo proyectos caros sino inútiles. En cualquier país civilizado, no puede gastarse dinero público en un proyecto sin un proceso de encargo democrático, respaldado por instituciones como el Colegio o la Sociedad de Arquitectos. Tampoco puede demolerse una obra arquitectónica relevante. En México no existe una regulación útil que proteja el patrimonio arquitectónico del siglo XX. Salvo contadas excepciones, como Ciudad Universitaria y Casa Barragán -protegidas por ser Patrimonio de la Humanidad- así como algunas obras de principios de siglo, el resto carece de resguardo. La demolición de obras como el Súper Servicio Lomas de Vladimir Kaspé (1952) y el Conjunto Manacar de Enrique Carral (1963), sustituidas por nuevos edificios de Teodoro González de León, evidencian no sólo una torpeza gremial sino la falla de instituciones y leyes.

Recientemente, se anunció, con pocos días de diferencia, por un lado, la creación de cinco proyectos urbanos inciertos en el Distrito Federal asignados a los famosos arquitectos suizos Herzog y de Meuron, y por otro, la renovación (demolición) del Mercado de la Merced de Enrique del Moral (1957) que representa una de las obras icónicas de la modernidad. ¿Dónde pueden conocerse dichos proyectos y sus métodos de encargo? ¿Quién los avala? ¿Qué papel juegan instituciones como el Colegio de Arquitectos, el INBA, el INAH y las universidades de arquitectura? ¿Dónde están al menos los indignados?

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4 Comments
  1. Paulina López permalink

    Actualmente en cuestión de obra pública lo último que importa es la ciudadanía, todo se ha convertido en una asignación directa disfrazada de concurso. En efecto, urge renovar la reglamentación vigente en cuanto al tema y que las personas al frente tengan la capacidad de llevarla a cabo. Y como sociedad, tenemos la obligación y responsabilidad de cuestionar sobre las obras que se pretenden construir, aunque en la mayoría de las veces, el proyecto se da a conocer cuando ya ha empezado a ejecutarse.

  2. Ni siquiera Ciudad Universitaria está a salvo, en campus central se han construido unos cubos de servicios en fachadas, patios, sin respeto alguno Es lo mismo que los estudiantes de CU nos preguntamos donde están los indignados del patrimonio del siglo XX

  3. Hola Fernanda y lectores,
    creo que deberiamos de comenzar por documentar y recopilar la información de valor patrimonial,
    Crear un especie de NAI como en Rotterdam, y de alguna manera instucionalizar el museo de arquitectura que se encuentra o encontraba en el Palacio de Bellas Artes, ya formado este grupo / patronato, se pudiera aspirar a proteger por medio de leyes.
    Saludos!!

  4. Fernanda: No mencionas en tus preguntas ¿Quienes hace un plan maestro antes de hacer el proyecto arquitectónico? ¿Como definen el programa y los criterios de funcionalidad? Creo que deberíamos hablar las cosas por su nombre y hacerlo através de revistas, blogs y periódicos que cuando se publiquen, no solo sirvan para hacer publicidad a un grupo, sino crear crítica profesional SANA, que ayude a construir un país.

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