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¿por qué proyecto público?

by on May 10, 2013

Alejandro Hernández Gálvez | @otrootroblog

Hace poco leía en el blog de Arquine sobre un par de nuevos edificios en la UNAM, ambos donaciones. Uno, el Posgrado de Economía, terminando en el 2010, fue donado por Carlos Abedrop a condición de que el proyecto fuera de Legorreta+Legorreta. El edificio es, tristemente, otro más de esos que repiten gestos de una marca ya conocida. El segundo es peor. Otra Unidad de Posgrado encargado por asignación directa a María José Ordorika, hija de Imanol Ordorika que con un pésimo edificio demostró, si hacía falta, que el saber hacer buena arquitectura no pasa por la sangre.

El 3 de mayo, día de la Santa Cruz y de los albañiles, se publicó en el Reforma que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón, además de su infausta actuación fingiendo pruebas para fabricar culpables, dejó más de 137 mil metros cuadrados, entre edificios construidos ex profeso y otros arrendados, que pese a haber costado cientos de millones de pesos, hoy se juzgan innecesarios.

También en el Reforma leo que la Federación Internacional de Natación descalaficó a la Alberca olímpica de la ciudad de México, en el cruce de Churubusco y División del Norte, para la serie final de clavados, pues el edificio, diseñado por Manuel Rosen para los Juegos Olímpicos de 1968, está en pésimo estado. Hace años alguien decidió enrejar la explanada de la alberca y después se cambió la cancelería de la fachada, alterando el diseño original y agregando unos gráficos sin ningún diseño. El actual delegado de la Benito Juárez, Jorge Romero Herrera, quien ha demostrado tener una “política” urbana absolutamente sin sentido, declaró que eso, la descalificación de la alberca, le parecía “un poquito descortés” y que ya la están rehabilitando, pero que no sabía que había que terminar tan pronto.

Ayer estuve en una comida de la CANADEVI, donde el presidente del Infonavit, Alejandro Murat, entregó premios a proyectos indefendibles. En la sobremesa ya se comentaban las invitaciones que hará el Infonavit a distintos arquitectos para próximos proyectos. Fuentes cercanas me dijeron “sabemos que debería haber concursos, queremos hacer concursos, pero no hay tiempo, nos piden empezar ya a hacer cosas.” Como siempre, imperan los tiempos políticos —que no sólo impiden los concursos sino también ignoran o apresuran el análisis y la planeación.

Ayer también pasé por primera vez en Periférico bajo la Fuente de Petróleos. Parece que aquello se construyó con demasiada prisa —aunque tardaran mucho— y que quien trazó las curvas y carriles no tenía nociones de geometría. La obra está hecha con pésima calidad y es una vergüenza que Miguel Ángel Mancera haya inaugurado algo que, evidentemente, no se ha terminado —la costumbre es inaugurar cosas tan mal hechas al final del sexenio, no al principio.

Hoy leo, de nuevo en el Reforma, que Graco Ramírez, gobernador de Morelos, gastó 6.6 millones de pesos en la remodelación de sus oficinas, vidrios blindados incluídos. También me han dicho que pronto se anunciará la construcción de algunos proyectos arquitectónicos en ese estado. Por invitación, claro. No hay tiempo de concursos. Pero confiemos, me dicen, serán encargados a buenos arquitectos —¿calidad mata dedazo?

La historia sigue y se repite una y otra vez y a todos niveles, federal, estatal, municipal o en las delegaciones. El funcionario en turno elige hacer alguna obra, porque se necesita o porque él la necesita para presumirla entre sus logros. No importa dónde ni cómo, menos quién lo haga. El proyecto se hará con prisas y se terminará a medias o mal —véase el legado arquitectónico de Consuelo Saizar. Y no habrá responsables. El país se va llenando de arquitectura mediocre y mal hecha que no sirve para lo que se planeó —si es que se planeó— e incluso la buena arquitectura construida hace años —como la Alberca Olímpica— padecerá igual fortuna: descuido, maltrato, malas remodelaciones.

Es, claro, un tema que atañe al gremio de los arquitectos. Sería mejor si hubiera transparencia en los procesos de planeación, decisión, construcción y mantenimiento de la obra pública. Concursos, sí. Pero también si nosotros, los arquitectos, dejáramos de ser complacientes con esos funcionarios y muchas veces, peor, cómplices —aun si no hay porcentajes de por medio. Tal vez no sea ilegal aceptar esas invitaciones pero no es bueno —aunque aceptar un encargo y fingir una licitación solicitándole presupuestos menores a un par de amigos no es muy ético que digamos.

Pero pienso que no es sólo un tema de arquitectos. Que construyamos mal y gastemos mucho en la obra pública, en edificios de gobierno, escuelas, hospitales, plazas o parques, que el país se parezca cada vez más a una escenografía de telenovela y que lo de la gran arquitectura mexicana sea más un mito que una realidad —como en el futbol, hay  Chicharitos pero lo que impera es la mediocridad— es un asunto público. Es parte de un proyecto público que, por sus consecuencias, tan sólo en lo que a metros cuadrados y gasto se refiere —ya no pensemos en la calidad del espacio público— nos atañe a todos. Y los arquitectos debemos sumarnos si pensamos que esta profesión tiene aún un sentido ético.

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