Skip to content

Concursos de proyecto público

Antonio Gallardo | @papantonio

Empieza el debate. Ya hay dos posturas [consuelo de pocos y arquitectos, centralismo y corrupción], pero ¿no habrá intermedias? Quién designa y quién es designado. ¿Dónde inicia el proceso de la obra pública? ¿Con el proyecto? No. Inicia con la planeación previa en la dependencia, analizando necesidades y posibilidades, tanto físicas como presupuestales y hasta después viene el proyecto, incluso antes del estudio de prefactibilidad y factibilidad, en donde se analizan cuestiones no solamente económicas, sino sociales y políticas. ¿Y quién debe de hacer todo esto? Desde las propias dependencias gubernamentales, externos o ambos. Depende de cada caso con sus múltiples variables.

Caso CONACULTA. ¿Hubo todo eso que debe ser previo? ¡Claro que no! Muchos reclaman que no existe una Ley de proyecto público sin analizar que existe un marco que, de alguna manera, ya lo contempla. Puede ser deficiente e incompleto, pero existe. Es la Ley de Obra Pública Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. Ahí es donde cabe el proyecto.

Sin duda tiene deficiencias y agujeros negros y múltiples interpretaciones. Como ejemplo el mismo caso CONACULTA: la ex-titular informó que la asigación directa fue porque estaba ecargando una “obra de arte” y de algtuna manera intentó justificarlo en la vertiente de los derechos autorales, pero en estricto sentido no aplicaba, porque la “obra de arte” aún no existía y por ello en el marco de esa ley (LOPSRM) no encaja. Otra cosa hubiera sido si existendo un proyecto completo con derechos autorales se pudiera “comprar”, pero volverían a parecer una serie de cuestionamientos: ¿estaba definda previamente la necesidad así como un prespuesto previo en donde estuviera definida una determinada partida para un proyecto y obra determinada? La respuesta, también es no.

Después llega la asignación directa para un proyecto, reitero, mal asignada. Dos casos: CINETECA NACIONAL Y ESTUDIOS CHURUBUSCO. Ambos a cargo de dependencias con un marco administrativo y jurídico diferente con su dependencia o relativa autonomía de CONACULTA. Pregunta inmediata: ¿por qué CONACULTA y su extitular, tomaron decisiones directas? De la que siguen: ¿por qué los titulares de esas dos dependencias asintieron la instrucción y no iniciaron el proceso que indica la propia LOPSRM? Y en los tres casos ahora ¿qué papel jugaron las contralorías internas de tres dependencias? La responsabilidad se va compartiendo.

Ahora viene con las personas morales o físicas que resultaron favorecidas con las asignaciones: ¿desde el punto de vista jurídico, tienen responsabilidad por haber aceptado firmar un contrato? Posible y seguramente no de manera directa. Con todo, puede presentarse una situación jurídica: que en el proceso una contraloría, inerna o externa, determine que estuvo mal asignado y si hubiera avance, podría suspenderse y hasta rescindirse el contrato, existiendo una afectación como tercero perjudicado, pero únicamente en lo económico. Se rescinde sin responsabilidad para el contratista, pero pudiendo haber una indemnización, la cual pesaría como responsabilidad en la entidad que asignó.

Hoy algunas posturas van en el sentido de que todo proyecto público debe de ser asignado por concurso de diseño y otras que plantean que haya modalidades de concursos: por invitación, abiertas, restringidas, de ideas, de anteproyectos y otras, pero sobre todo que no sean por licitación de la “mejor oferta” en términos cuantitativos para evitar o minimizar las asignaciones a las propuestas más bajas, que no económicas, y provocando en la realidad las simulaciones, al invitar a un mínimo de participantes, generalmente tres, y armar las dos perdedoras a priori. Aquí habría complicidad.

Alguien puede criticar los procesos de asignaciones, directas o no, y de concursos mal organizados y no por eso excluirse totalmente de participar y por lo tanto de ganar. Podría discutirse, si acaso subjetivamente, cierta ilegitimidad, pero nada más.

En algunos círculos se ha planteado como una medida que podría contribuir ala construcción de una cultura de concursos elaborar una manual de recomendaciones para concursos y también que como parte de las recomendaciones se hagan evaluaciones permanentes de los pocos concursos que ha habido, en donde se expresen participantes, ganadores y perdedores, y observadores. Hay una enorme experiencia que rescatar de concursos fallidos y de un gran número de participantes perdedores y de personas involucradas en la organización y desde el gremio, con sus instituciones existentes, unas malas otras no tanto, y creado algunas nuevas que serían necesarias.

Existen prácticas de concursos en países desarrollados y en los alejados del desarrollo, con recomendaciones, normas, reglamentos y también con leyes. No todos son aplicables en nuestro país al 100%. De lo que no hay duda y en principio no debería cuestionarse es que todos los recursos públicos que se apliquen en obra pública deben de cumplir con un marco normativo que no se restrinja a las simples, por limitadas, licitaciones de costos. También entender que aún con la LOPSRM vigente, se prevé que puede haber casos de excepción para asignaciones directas y que no son o no deben de ser por eso discrecionales.

Lo mismo sucede para los concursos de la construcción de las obras públicas, con proyecto completo o incompleto, o incluso sin proyecto. Al revisar las grandes obras parece que sólo las empresas constructoras grandes son las favorecidas y esto sucede desde la formulación de las bases.

Con las cosas como están es paradójico que muchos piensen que con el silencio y las omisiones  pueden salir beneficiados o, de menos, no ser afectados, sin considerar que si construimos una verdadera y amplia cultura de concursos habría mucha oferta. Si bien algunos despachos  (siempre los mismos) podrían ganar muchos concursos, habrá un límite por su capacidad para participar en todos y para desarrollar los proyectos que se ganaran. Y en su caso también se podría establecer en las bases que los participantes en determinados concursos, que o bien hayan ganado o se encuentren en proceso de desarrollo de otros más, quedaran limitados para participar. Aquí es en donde en las bases se establecen los requisitos que permitan evaluar al convocante la capacidad de respuesta.

Continuemos con el debate, que bueno que se abra.

Advertisements

porque sí

Alejandro Hernández Gálvez | @ogroogroblog

Porque sí, como dicen los niños. En verdad la más razonable de las razones.

Eugenio Trías

En el aforismo de Trías hay un doble juego: de palabras y filosófico. Los dos, finalmente, se conectan. De palabras, porque el que sea la más razonable no significa sólo aquella que con más razón cuenta sino, sobre todo, la que más se presta a ser desmenuzada mediante métodos racionales. Filosófico, en su referencia al niño de Zaratustra y su afirmación de la vida: el sagrado decir sí. Pero el porque sí no vale para todo y en cualquier momento. Ni en la política ni, menos, en lo político se vale el porque sí. Ahí hay que ser claros, argumentar y, en principio, convencer.

Recientemente el Fondo de Cultura Económica publicó en español un libro con varios ensayos de Norberto Bobbio, Democracia y secreto. En el primero de los ensayos, El poder invisible, Bobbio dice que “la democracia es idealmente el gobierno de un poder visible, es decir, el gobierno cuyos actos se realizan ante el público y bajo la supervisión de la opinión pública.” Contra ese principio se ejerce un poder invisible. Desde afuera pero también desde dentro del gobierno, cuando se toman decisiones que benefician a particulares de manera ilícita y se mantiene la opacidad en el ejercicio del poder —lo que es, según Bobbio, una negación de la democracia.

En otro de los ensayos Bobbio dice que un gobierno público es aquél en el que “los actos de poder son ejercidos directamente frente al pueblo o que son comunicados de diferentes maneras a sus destinatarios naturales.” Bobbio cita a Kant y afirma la injusticia de aquellas acciones que para lograrse deben de mantenerse en secreto. También cita a Francesco Guicciardini, historiador y político del siglo XV: “es increíble cuánto le beneficia a aquel que administra el que las cosas permanezcan en secreto.”

¿A qué viene todo esto? El 24 de enero pregunté en tuiter al delegado de la Miguel Hidalgo, Víctor Romo, cómo se asignan los proyectos arquitectónicos en su delegación y si había concursos para ello. La respuesta fue un simple “,” pero no el razonable del niño, sino un sí mudo, autista, impenetrable. No parecía haber intención de explicar más. Ante mi insistencia y la de otros más, Romo respondió, un día después: “cuando gustes vayan a verme y comentan inquietudes! Saludos y buen día.” Insistimos: ¿por qué no responder públicamente una pregunta hecha en público sobre la manera de decidir quién realiza los diseños arquitectónicos de proyectos públicos en su delegación? “Hay distintas formas de acuerdo a la ley de Adquisiciones!” —respondió. De acuerdo, precisamos: ¿cuál se eligió para cada proyecto? “¿Qué obra?”—preguntó Romo. Le mencionamos varias: Masaryk, Parque Winston Churchill, Calzada México Tacuba, Corredor Barragán, el edificio delegacional, el Cine Cosmos, el Mercado Peña Manterola, Plaza De Gaulle. Silencio. Pese a la insistencia Romo ya no respondió nada. ¿Silencio o secreto?

“Es increíble cuánto le beneficia a aquel que administra el que las cosas permanezcan en secreto.”

Por supuesto Romo no es el único que tiene esa mala costumbre de no contarlo todo o contarlo a medias. Es una práctica común en este país y su perjuicio menor es el que cualquier funcionario pueda contratar al arquitecto que se le de la gana simplemente por eso, porque se le da la gana —lo que en general no es bueno dado el mal gusto que caracteriza a tales funcionarios. Pero los peores males son la falta de planeación y la corrupción que hace de las obras públicas un hoyo sin fondo para el erario y una olla de oro para funcionarios y contratistas cómplices.

Romo pudo —debió, más bien— haber respondido diciendo: para el proyecto de tal obra, seleccionamos a tal arquitecto porque un grupo de consultores, entre los que están fulano, mengano y perengano, lo sugirieron, y lo contratamos mediante una adquisición directa pues la arquitectura es una obra de arte —fue el argumento de Consuelo Saizar el sexenio pasado y ya sabemos con qué resultados tan malos nos dejó: obras mal planeadas, mal construidas, inacabadas. También pudo haber dicho: hicimos una licitación, se publicó en tal fecha, nadie participó o todos fueron descalificados y se declaró desierta. Entonces seleccionamos a tal por cual por esto y lo otro. O pudo haber explicado quiénes participaron en la licitación y por qué la ganó tal o cual arquitecto —incluyendo cuánto cobrará por honorarios. Nada de eso hizo. Silencio. Secreto. Claro, nos queda el recurso a solicitar la información a los organismos encargados de vigilar la transparencia y hacerla pública, pero mi duda sigue siendo la misma: ¿por qué no quiere hacer pública, con toda claridad, esa información sobre hechos que debieran ser públicos?

Imaginemos un caso de pura ficción. Un funcionario le pide un proyecto a un arquitecto para una obra que ni siquiera sabemos si es necesaria. El arquitecto se ilusiona —sabemos con cuánta facilidad somos seducidos por el poder… de hacer algo. El arquitecto realiza el proyecto pero le preocupa la manera como lo vayan a contratar. Sabe que la ley exige una licitación en la que participen al menos tres y en la que se seleccionará a quien cobre los honorarios más bajos. ¿Cómo saber si ganará? Fácil: invitará a la licitación a un par de amigos que cobrarán más que él —previo aviso, claro. Y ganará. ¿Se podría hacer pública esta historia? ¿O, siguiendo a Kant, debemos considerarla, al deber permanecer en secreto, injusta? —o, más simplemente, fraudulenta.

Lo peor es que, si las cosas sucedieran como en la pequeña ficción que he descrito, no sólo nos hallaríamos ante procedimientos injustos y fraudulentos, sino que no podríamos saber si realmente se llevan a cabo las mejores ideas y, además, para los arquitectos jóvenes o desconocidos que no tuvieran la fortuna de poder entablar relaciones cercanas con algún funcionario sería increíblemente difícil llegar a proyectar obra pública en el país. Y, ya que Bobbio dice que “el secreto es siempre un instrumento de poder”, si pasara como en mi cuento, si no hubiera concursos públicos y abiertos, jurados y asesores reconocidos e imparciales ni la voluntad de los gobernantes de explicar con claridad los procedimientos y las reglas para tomar decisiones y elegir, estaríamos ante un ejemplo de métodos injustos que sirven a una oligarquía a mantener a toda costa sus privilegios más allá de la calidad de sus ideas.

Seguramente eso no es así. Deben haber razones y argumentos suficientemente claros que pueden hacerse públicos para explicar, paso por paso y documentadamente, cómo se eligió a un arquitecto para hacer el proyecto de una obra pública. Si Víctor Romo no ha respondido aun la pregunta de tuiter —podría ser diciendo: sigan esta liga, en tal sitio subimos toda la información que piden—, tal vez se deba a que estaba ocupado rindiendo su primer informe de gobierno y preparando la campaña publicitaria para el mismo: tu pagas, tu mandas. Probablemente en estos días se nos informará, puntualmente, cómo se tomaron tales decisiones. Si no, ni modo: seguiremos insistiendo.

P.S. Lunes 3 de febrero. Pretendiendo explicar la excesiva y obsesiva aparición de su imagen acompañada de la frase tu pagas, tu mandas, Víctor Romo afirmó que lo hacía para cumplir con la ley que le obliga a informar. Si la ley lo obliga, volví a preguntar, ¿nos podría explicar los procedimientos para elegir qué arquitecto diseña un proyecto en su delegación? “Sí, ¿de qué proyecto?, respondió. De nuevo fue la lista y de nuevo la respuesta fue silencio pues, parece, responder en principio es sólo una estrategia para aparentar que responde. Aclarar y hacer pública información que debiera ser pública realmente no le interesa —¿será por aquello de cuánto se beneficia el que administra con que las cosas permanezcan en secreto?

Convoquen mal y pensaremos peor

Alejandro Hernández Gálvez | @otrootroblog

ProMéxico, “el organismo del Gobierno Federal encargado de coordinar las estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en la economía internacional,” convoca al concurso nacional de diseño arquitectónico para el pabellón de México en la Exposición Universal de Milán del 2015. Bien por la convocatoria —pero sólo en parte. Ya se, ya me lo dijeron: que si no convocan protesto y si lo hacen también. Pero me parece que pecan de ingenuos quienes piensan que algo es algo, que muy bien que por algo se empiece, que ya aprenderemos. Hay decenas de organizaciones internacionales y de colegios de arquitectos —foráneos: los nacionales parecen dedicados a avalar estos concursos hechos al vapor y mal planteados— que le podrían explicar a los gobiernos federal, estatales o del distrito federal, cómo hacer un concurso sin hacer, al mismo tiempo, el ridículo. Al menos que —y admito que sí: soy mal pensado— el concurso no importe, sea sólo un requerimiento para cumplir con una cuota seudodemocrática de participación y seguir con las mismas prácticas de siempre. Y ahí van los concursos con candados, como el que convocó Bellas Artes para la Bienal de Venecia, o sin anunciar a los miembros del jurado a tiempo y cambiando fechas, como el que convocó el Gobierno del Distrito Federal para La Merced. Yo —que soy muy mal pensado, insisto— supongo que o los convocantes son brutos o nos creen a los convocados más brutos.

En el concurso para el pabellón en Milán hay por lo menos una incongruencia y un desatino. La primera: en el inciso 1.3 se dice:

“No podrán inscribirse, participar, ni trabajar como colaboradores o asociados de los concursantes, los miembros del Jurado que se enuncian en las Bases, los servidores públicos integrantes del Grupo Técnico del Concurso, los servidores públicos adscritos a ProMéxico, ni sus familiares hasta en segundo grado.”

En el 2.d se insiste:

“Los participantes serán descalificados si establecen contacto con alguno de los miembros del Jurado para influir, obtener información o alguna ventaja durante el tiempo del proceso del Concurso.”

Pero justo un párrafo antes, en el 2.c, se lee que:

“Habrá un Jurado integrado por reconocidos profesionales quienes evaluarán las propuestas los días 4 y 5 de febrero de 2014, quien seleccionará a diez finalistas de los cuales saldrán los tres primeros lugares. Dicho Jurado será designado por el Coordinador del Concurso.”

En otras palabras, o los señores de ProMéxico son muy torpes o sólo podrán inscribirse adivinos, que sepan que no tienen ninguna cercanía con un jurado que será designado por el coordinador del concurso pero que aun no se anuncia. O… (sí, soy muy mal pensado).

El desatino está en las restricciones, primero a equipos máximo de 3 personas —lo que a la letra quiere decir que despachos como Productora o MMX, formados por 4, no podrán participar— y que demuestren haber construido tres proyectos “de equipamiento cultural, comercial, creativo o de servicios” de más de 3500 metros cuadrados cada uno. Con esas reglas, en 1971 en Francia, por ejemplo, no se hubieran inscrito 681 participantes ni hubieran ganado un par de arquitectos prácticamente desconocidos, uno de 34 y otro de 38 años, en el concurso del Centro Pompidou —probablemente un edificio más complejo e importante que el pabellón de México en la Exposición Universal de Milán del 2015.

En fin, seguimos demostrando en México poca capacidad para plantear con claridad y transparencia los concursos de arquitectura de proyectos públicos o, peor —sí: soy mal pensado— haciendo todo lo posible para que parezca que hay apertura pero en realidad se tenga control de lo que se va a pasar. Muy mal.

Del (des)gobierno del DF y el concurso de la Merced

Alejandro Hernández Gálvez | @otrootroblog

Desde el año 2000, cuando el PRD se hizo cargo del gobierno de la ciudad de México mucho ha cambiado. A riesgo de repetir el lugar común de la publicidad oficial, sí se ha convertido en una ciudad de vanguardia social en el país y a nivel global. Antes que en el resto del país, aquí hubo una pensión general para mayores de 65 años, se despenalizó el aborto en las primeras doce semanas de gestación, se legisló sobre la convivencia y luego sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho a adoptar. Mucho, pues. Pero también ha habido rezago e incluso retroceso. Del 97 a la fecha, el PRD en el Distrito Federal ha funcionado reutilizando, a veces de manera más refinada pero generalmente mucho más burda, los mecanismos políticos que siempre le criticó al priismo, desde el clientelismo y los privilegios a grupos particulares hasta el uso discrecional del dinero y los proyectos públicos. No en balde se le reclama al PRD con frecuencia —y a veces no sin razón— su vieja ascendencia priista.

Por ejemplo, si esquemáticamente durante el priismo el modelo de gobernante de la ciudad era, o bien el que hacía de manera autoritaria lo que le venía en gana —Urruchurtu o Hank González, por ejemplo— o el que no hacía absolutamente nada, siguiendo la máxima clásica de Fidel Velázquez —no moverse para salir en la foto—, en los más de 16 años que lleva el PRD gobernando la ciudad de México, hemos tenido variaciones un tanto más complejas de esos dos modelos. Si Cuauhtémoc Cárdenas fue eficiente más discreto y Rosario Robles se empantanó y manchó, López Obrador y Ebrard prefirieron utilizar la ciudad como tribuna y soñaron construir su camino directo a los pinos en segundos pisos mal planeados y peor construidos; ambos entregaron proyectos inconclusos o mal planeados, sea la Universidad de la ciudad de México o la línea 12 del Metro. Hoy Miguel Angel Mancera parece haberle apostado más bien al otro modelo: no hacer nada o hacer poco. No es que su gobierno sea discreto sino que, a casi un año de haber tomado el cargo, parece, al menos en temas urbanos y arquitectónicos, aletargado cuando no ocurrente pero sin sustento.

Su política urbana parece ser la de anunciar proyectos planeados sobre las rodillas sin que resulte claro si las posibilidades reales de su realización han sido bien estudiadas. Así, presumieron las ZODES y hasta anunciaron famosísimos arquitectos a cargo de un proyecto del que hoy casi no se habla. Luego su secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Simón Neumann, anunció 10 “megaproyectos” urbanos que no son otra cosa que pequeñas acciones cosméticas prácticamente sin importancia a la escala de una ciudad de 10 millones de habitantes y otros tantos en su zona metropolitana, como el remozamiento de Mazaryk para transformarla en la necesarísima 5ª avenida de la ciudad de México —aparentemente otro proyecto, junto al nefasto corredor turístico y cultural Luis Barragán, del delegado de la Miguel Hidalgo al que se le sumó el gobierno de Mancera. A veces parece como si a Mancera, con tres minutos y un micrófono en la mano, se le pudiera ocurrir cualquier cosa —como otro Museo del Niño en Iztapalapa— sin explicar nada del por qué ni el cómo de esos proyectos.

Hace poco, Salomón Chertorivski, secretario de Desarrollo Económico del gobierno de Mancera, anunció el inicio de trabajos de demolición en parte del mercado de la Merced y un futuro plan integral para la zona —cuando lo lógico hubiera sido tal vez a la inversa. Tras críticas y la intervención del INBA, el gobierno de Mancera se decidió hacer algo que hasta ahora parecía contrario a su costumbre —pese a que su partido incluya el adjetivo democrática en sus siglas—: un concursos. Aunque, para ser justos, ese no es defecto únicamente del gobierno de Mancera: lo es a nivel nacional, y en el DF, desde que el PRD llegó al poder, se convocaron, según recuerdo, tres concursos abiertos y públicos: el Zócalo, la Casa de las Ajaracas y la Plaza de Taxcoaque —ninguno, por cierto, se realizó. En cuanto a Mancera, ninguna de sus ocurrencias urbanas ha supuesto la necesidad de un concurso, mucho menos público y abierto, para los proyectos que suponen —para quienes desconocen el medio arquitectónico cabe aclarar que las licitaciones, en las que normalmente participan tres propuestas, no son concursos: usualmente el “ganador” solicita a dos amigos cercanos un par de presupuestos con un costo mayor al suyo para, de ese modo, garantizar su “triunfo.”

En fin. Se convocó el concurso para el “Anteproyecto Conceptual del Plan Maestro de la zona comercial conocida como la Merced.” El cierre de inscripciones era el 15 de noviembre y la visita al sitio mañana, 18 de noviembre, para después responder las preguntas de los concursantes. La fecha de entrega del anteproyecto se marcó el 13 de diciembre y el fallo del jurado el 16. Del jurado sólo se dio el nombre del presidente honorario: Jacobo Zabludovsky. El primer premio del concurso es un diploma acompañado de 150 mil pesos y “en su caso, la participación en la elaboración y desarrollo del Plan Maestro para el Rescate Integral de la Merced.” El concurso está avalado por el Colegio de Arquitectos de la ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos —de nuevo, para quienes desconozcan el gremio de los arquitectos, el Colegio (al igual que otros en distintas ciudades del país) es un organismo desgastado y que sin representatividad: en la ciudad de México sus agremiados no rebasan los 2 mil.

La semana pasada se anunció una prórroga en la inscripción al concurso, del 15 al 22, y el cambio de la visita al sitio —del 18 al 27— y que la junta de aclaraciones se posterga hasta el 28 de noviembre. Sin embargo, la entrega del anteproyecto se mantiene el 13 de diciembre. Eso quiere decir o que los organizadores del concurso —gobierno del DF y CAM-SAM— piensan que la visita importa poco, o que un problema de esa magnitud se resuelve rápido —pues no cambian las fechas de entrega— o, probablemente, que da igual: al fin se trata del concurso para el anteproyecto conceptual que sólo “en su caso” será tomado en cuenta en la elaboración y desarrollo del plan maestro. Todo esto parece confirmar la incapacidad o desinterés de los gobiernos perredistas de la ciudad de México, en especial del que encabeza Miguel Ángel Mancera, para que los proyectos públicos de urbanismo, arquitectura y diseño, sean concursados y discutidos amplia y claramente.

Nuestra incapacidad de ofendernos

Alejandro Hernández Gálvez | @otrootroblog

Hace unas semanas estuve en Chihuahua y me contaron algo que podría ser tema para un cuento de algún escritor con pretensiones a un realismo mágico algo trasnochado. Resulta que al gobernador Cesar Duarte se le ocurrió trasladar el mausoleo que Pancho Villa se hizo construir  en 1914, cuando también era gobernador de Chihuahua. Según leo en Wikipedia, Villa le encargó a Santos Vega, maestro cantero que trabajaba en la construcción de su casa, un mausoleo en el viejo panteón de Nuestra Señora de la Regla. Parece que la única instrucción que recibió el cantero fue un lapidario más vale que me guste, a lo que respondió —sigue Wikipedia— con un magnífico edificio de cantera rosa estilo neoclásico aderezado con neogótico. Ante tal portento Villa no pudo más que afirmar, dicen, ¿sabe qué?, me gusta mucho. Duarte, ocurrente como Villa, pensó que el mausoleo se vería mejor en la Plaza del Ángel —una maravilla inaugurada el 15 de septiembre del 2003 y adornada por El Ángel de la Libertad, descrito como una estatua giratoria de 6 metros empuñando en la mano derecha una espada que lanza un rayo. Como si Duarte fuera Erdoğan y el mausoleo la plaza Taksim, la gente se opuso a la mudanza. Pero eso no detendría al gobernador en su afán por embellecer su ciudad y decidió que si no se podía mover el original, se haría una copia. Carlos Carrera Robles, coordinador de proyectos especiales del estado, dijo que sería “como en los museos, que luego se acude a réplicas, porque no se pueden tener los originales, siempre habrá opiniones que estén a favor y en contra.” Por cierto, Carrera también estuvo a cargo de abrirle un balcón al palacio de gobierno con vistas a la Plaza del Ángel, supongo que para que Duarte pudiera ver desde ahí el glorioso espectáculo de la estatua giratoria y su espada de rayos laser.

Para pesar de Duarte y de su arquitecto, el pueblo —o de menos algunos haciéndose pasar por aquél— se opusieron también al duplicado. Hubo una manifestación. Duarte, más sabio que Salomón, dijo que “a pesar de que iba a ser una obra que embellecería el primer Cuadro de la Ciudad y resaltaría la memoria de un hombre ilustre, no era razón suficiente para que se confronte a los chihuahuenses” y la detuvo. Incomprensible que la gente, tras rechazar la gran idea de mover el original, se negaran a agregar con una copia un poco más de belleza a la del ángel giratorio por poco más de 8 millones de pesos.

La historia —que puede no ser más que una curiosidad que revela el mal gusto y las pocas ideas de un gobernante y la incapacidad de su equipo de hacerle ver no que vaya desnudo, sino disfrazado de imbécil— revela lo que pasa todos los días y por todas partes, desde el municipio más olvidado o el gobierno de cualquier estado hasta la delegación más pudiente o el gobierno de la gran y majestuosa ciudad de México. Pero sin reglas claras ni frenos que realmente hagan que los proyectos públicos se planeen, diseñen, otorguen, construyan y supervisen con claridad y transparencia, seguirán siendo el botín de pillos muy ambiciosos pero con pocas ideas y peor gusto. Sólo el desastre y la tragedia parecen servir para que dirijamos nuestra atención a esa podredumbre —a esa calamidad de lo públicocomo escribió Jesús Silva Herzog Márquez respecto a lo que ocurrió con las lluvias torrenciales hace unas semanas.

Otro caso, terrible, también sucedió recientemente en Chihuahua: el municipio pagó más de 11 millones de pesos a una “sociedad civil” que a su vez pagó menos de 500 mil pesos a un particular para organizar un espectáculo; éste contrato, seguramente por unos cuantos miles de pesos, a un chofer cuya edad y condición física no eran las mínimas requeridas para lo que debía hacer: manejar un enorme y pesado camión en una pista accidentada que, además, no cumplía con ninguna medida de seguridad. El resultado: nueve muertos y decenas de heridos. Sin las víctimas, seguramente el timo habría pasado desapercibidos como otros tantos. Lo peor será que esa historia, junto con la de los desastres causados por las inundaciones o la autopista del sol —confesamente mal hecha—, o los niños muertos en el incendio de la guardería y muchas otras más, junto con otras ridículas como las ocurrencias de Duarte —o de Moreno Valle y su gigante rueda de la fortuna en Puebla o de Mancera y su enésimo Sebastián en el Distrito Federal— pasarán al anecdotario nacional mientras nuestra capacidad de ofendernos, de enfadarnos y de actuar en consecuencia parece ya, para siempre, reducida al mínimo.

Más sobre el concurso para la Bienal

Antonio Gallardo | @papantonio

Van algunas reflexiones y consideraciones con relación a la convocatoria para la curaduría de la participación de México en la Bienal de Venecia del 2014.

Primero hay que aplaudir que CONACULTA, a través de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Inmueble del INBA, haya lanzado la convocatoria.

Sin embargo, se presentan muchas dudas que podrían aclararse antes del cierre de inscripciones el próximo lunes.

La convocatoria dice que“podrán participar todos los arquitectos en un equipo que incluya un historiador y un museógrafo, y que cuente con la experiencia, la solvencia, la infraestructura y equipo de asesores requeridos”

Ante lo cual surgen varios de mis cuestionamientos: ¿un historiador y un museógrafo con qué perfil?, ¿la experiencia medida en tiempo o en proyectos similares; y cuántos y de qué magnitud?, ¿de qué solvencia se habla: moral, profesional, técnica, económica?, ¿infraestructura física o de que tipo y en que volumen cuantitativo y cualitativo?

La fecha límite de registro es el 30 de septiembre, mientras que la fecha límite para la presentación de la propuesta es el 10 de enero. Paradójicamente a lo que sucede en proyectos de obras públicas, el tiempo para el desarrollo de la propuesta parece demasiado largo, lo que puede hacer pensar que las propuestas serán algo más que conceptuales o incluso a nivel anteproyecto. En muchos concursos de arquitectura, es posible registrase teniendo como límite de inscripción la misma fecha de presentación de la propuesta, abriendo la posibilidad de una mayor participación.

En cuanto al jurado, tal vez una los errores más grandes en una convocatoria es no precisar el nombre y el perfil de los integrantes del mismo. Esto genera incertidumbres y opacidad. En muchos manuales de recomendaciones par la organización de concursos, desde la Unión Internacional de Arquitectos, e incluso en nuestro país, del Colegio de Arquitectos de la ciudad de México, se establece la conveniencia de integrar el jurado antes del inicio del propio concurso. Expresar que el jurado será integrado por reconocidos profesionistas, no es suficiente, pues no se indica que tipo de profesionistas.

Por otro lado se ofrecen tres premios iguales mientras sólo habrá un proyecto ganador. Surge entonces otra duda: sin dejar de reconocer que el segundo y tercer lugar tiene un mérito, ¿no sería mejor asignar ese monto al presupuesto para el desarrollo del proyecto ejecutivo?

La falta de claridad en la convocatoria hace necesario solicitar las bases. En mi experiencia en asociaciones gremiales y profesionales locales, nacionales e internacionales, se pueden emitir recomendaciones para no participar si no hay buenas bases que, sin ser una garantía, si pueden ser cimiento para buenos resultados. Malas bases, falta de claridad, transparencia y demás errores, sí pueden ser casi una garantía del fracaso.

La oportunidad que se presenta para la tercera participación oficial de nuestro país en uno de los eventos más relevantes no se debe desaprovechar. A partir de la excelente decisión de haber lanzado una convocatoria abierta hay que señalar los reparos que planteo. Existe aun la posibilidad de aplicar mejorar esta convocatoria, buscando que los resultados sean transparentes. Las mismas sesiones de preguntas y respuestas deben de considerar lo anterior y resolver con claridad y oportunidad las condiciones del concurso para evitar sorpresas y suspicacias.

El concurso para la Bienal

Alejandro Hernández Gálvez | @otrootroblog

Por fin salió la convocatoria para el concurso abierto del curador o grupo de curadores para la participación mexicana en la Bienal de Arquitectura de Venecia, que se inaugura en junio del próximo año —es decir, dentro de ocho meses y ocho meses después de que se dieron a conocer el director, Rem Koolhaas, y el tema, Fundamentals. Antes enviamos una carta a Dolores Martínez Orralde, directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del INBA. propusimos que, pese al corto tiempo, se convocara de manera pública y abierta a un concurso para los cargos de comisario o curador — en la carta también nos comprometimos a no participar ni como curadores ni como arquitectos en la bienal para evitar conflictos de interés y suspicacias. la convocatoria se publicó por fin ayer —es ganancia. Pero, pese a que tuvieron ocho meses para plantearla, quedaron algunos cabos sueltos, y no menores.

En la misma carta poníamos como ejemplo el concurso que organizó para la misma bienal el consejo nacional para las artes de chile. enumero tres diferencias importantes en relación con el caso chileno.

Primero sobre los participantes. Allá se leía en el sitio web que podían hacerlo “tanto chilenos como extranjeros residentes en chile, que sean arquitectos con experiencia comprobada en proyectos curatoriales, editoriales, de investigación o expositivos,” y en las bases del concurso —un pdf que se descarga del mismo sitio— se lee que el postulante “podrá presentar de forma voluntaria una nómina individualizando a un equipo asesor cuyos integrantes podrán ser chilenos o extranjeros, que colaborará en la propuesta y que podrá constituirse por especialistas en teoría, historia y crítica de la arquitectura chilena de 1914 al 2014, en diseño y montaje de exposiciones o museografía, en dirección de arte y diseño gráfico o en iluminación.” Acá “podrán participar todos los arquitectos en un equipo que incluya un historiador y un museógrafo, y que cuente con la experiencia, la solvencia, la infraestructura y el equipo de asesores requeridos para realizar y coordinar el desarrollo de un proyecto en los tiempos previstos”. En otras palabras, el museógrafo y el historiador acá son obligación, además de la curiosa exigencia de “la infraestructura” —¿a qué se refieren?— para realizar y coordinar el desarrollo del proyecto en los tiempos previstos —con la escasa previsión que caracteriza a nuestros burócratas culturales.

Segundo sobre el jurado. En el caso chileno se dan los nombres de seis —Beatriz Colomina, Fernando Pérez Oyarzun (ambos jurados internacionales), Rodrigo Pérez de Arce, Enrique Walker, Sebastián Gray y Pablo Allard, además de un arquitecto representante de los concursantes —es decir: los concursantes proponen nombres para un jurado y votan por uno. Acá el sexto punto de la convocatoria dice “el jurado seleccionará el primer, segundo y tercer lugares.” Ningún nombre, así que no sabemos quién juzgará, si hay jurados internacionales y menos si habrá —cosa por demás improbable— un jurado representante de los concursantes.

Tercera diferencia: justamente lo de los tres lugares. En el caso chileno la mecánica era seleccionar las diez propuestas más idóneas —”de conformidad a los criterios de evaluación,” que también se publicaban— para presentarse un mes después ante el jurado por los postulantes. acá, tras ocho meses que se tardó el inba en pensar la convocatoria que ayer hizo pública —tres días después de que en chile los diez seleccionados se presentaron ante el jurado— le da a los participantes 19 días para armar un equipo en el que forzosamente debe haber un arquitecto, un historiador y un museógrafo y luego hasta el 10 de enero para presentar su propuesta. Tras el fallo inapelable del anónimo jurado, tendremos tres lugares —¿para qué el segundo y el tercero?— que recibirán, cada uno, 100 mil pesos. el ganador tendrá entonces cinco meses para hacer lo que se llevará a venecia —cantando, tal vez, de los 16 meses que teníamos ya namás nos quedan 5, 5, 5.

Además, en el sitio de la convocatoria chilena se podía consultar el plano del espacio destinado a la muestra. Acá, por supuesto, no. De hecho la convocatoria del INBA dice que la muestra tendrá lugar en el Arsenal, cuando se supone que méxico ya tenía un pabellón en la iglesia de San Lorenzo —más allá del hecho de que ese lugar, además de la romántica belleza de la ruina, parece tenerlo todo en contra— y por lo que publicó el periódico Excelsior, no tuvieron respuesta de por qué el cambio —¿o duplicidad?— de sede.


En fin. Qué bien que el grupo a cargo de la participación de México en la Bienal de Arquitectura de Venecia se seleccione en un concurso abierto y no, como es costumbre aquí, según el gusto o los compromisos del funcionario en turno —esperemos y exijamos que eso pase cada vez más y en todo tipo de proyecto público, desde la delegación o el municipio hasta los encargos de los pinos. Pero qué mal que, como si fuera una concesión en vez de su trabajo o tal vez por las prisas —tras ocho meses perdidos en prepararla— o por no haber revisado otras similares —no lleva más de media hora buscar y leer y enterarse— la convocatoria presentada por la burocracia del INBA tenga tantos cabos sueltos y  su claridad y hasta la transparencia queden comprometidas, generando, inevitablemente, suspicacias —al menos de quienes, como yo, acostumbramos a pensar mal.