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La puta y la ramoneta

Texto de Eduardo Cadaval | @ecadavaln publicado en  portavoz

La expresión jugar a la puta y la ramoneta es comúnmente utilizada en Cataluña para describir una postura ambivalente con el fin de obtener algún beneficio de dicha actitud. Durante muchos años se dijo que Convergencia i Unió —el partido nacionalista que ha gobernado Cataluña la mayor parte del tiempo desde que se instauró la democracia en España—  jugaba a la puta y la ramoneta para describir los coqueteos que hacía por un lado con el independentismo catalán y por el otro con el gobierno español. La indefinición como la estrategia más rentable;  hablar con el diablo y con dios, por si acaso, y además sacar un rendimiento de ello.

A muchos arquitectos no les tienen que explicar el significado de esta expresión, son expertos en el juego. La mayoría de los pertenecientes al llamado Star-system internacional prestan encantados sus servicios a regímenes dictatoriales o construyen museos y salas filarmónicas monumentales para algún jeque árabe. No importa que estos edificios sean un coto exclusivo de la familia real o de algunos turistas de élite ni que se hayan construido bajo extremas condiciones de explotación laboral. Siempre existe un argumento para limpiar las conciencias de los titulares de estas oficinas situadas a miles de kilómetros de la obra. En  París, Londres o Nueva York.

En  México las cosas no son muy distintas. El afán de construir de muchos arquitectos genera a menudo la justificación de lo injustificable: trabajar para  un político irresponsable o un empresario sin escrúpulos, una lideresa sindical corrupta o una dependencia gubernamental con urgencia por ejercer el presupuesto anual sin ningún criterio más allá del de no perder sus ingresos futuros. Los arquitectos nos hemos acostumbrando a bailar al son que nos toquen. No sabemos decir que no y nos engañamos pensando que nuestro fin justifica sus medios.

¿Qué pasaría si un visionario político y un grupo de empresarios quisiera construir un centro comercial en los terrenos del bosque de Chapultepec? ¿Habría algún arquitecto que se apuntaría? La pregunta no es sólo retórica, es también estúpida: ¡por supuesto que habría algún listo que aceptaría el reto! Exageremos más entonces: ¿Si alguien quisiera hacer una tienda Wal-Mart en Teotihuacan? ¡Ah no, esa ya está hecha!  Bueno, ¿qué tal el corporativo de esta cadena de tiendas en la tumba de Benito Juárez? ¿Sería también un reto arquitectónico? ¿Alguien aceptaría el encargo? ¿Dónde está el límite que haría entender que hay cosas que no se pueden hacer?

Si aceptamos que hay proyectos que simplemente no deben hacerse, por qué no pensar que también hay procedimientos que no deben aceptarse. Modos de gestionar las cosas de los que sencillamente uno no puede formar parte pues no sólo no aportan ningún beneficio al pacto democrático, por el contrario, lo dañan y no contribuyen a la construcción de un ámbito adecuado para el ejercicio de la profesión. Quizá deberíamos comenzar a valorar a los arquitectos no sólo por los edificios que han hecho sino también por los que decidieron no hacer, por las cosas en las que decidieron no participar. Juzgar de forma integral la figura del arquitecto, no sólo por la calidad de la obra, sino también por su compromiso y comportamiento profesional.

Hace poco Juan Carlos Tello se preguntaba atinadamente cuáles hubiesen sido las repercusiones si Teodoro Gonzalez de León en lugar de aceptar el encargo para proyectar el edificio que remplazará al conjunto Manacar hubiese rechazado el proyecto y denunciado la demolición de esta importante pieza de la historia de la arquitectura moderna de México. Debido a la envergadura de la figura de Gonzalez de León una hipotética denuncia pública sobre el derribo de este conjunto proyectado por Enrique Carral, Victor Bayardo y Hector Meza hubiese creado un precedente de enorme trascendencia para fortalecer  los esfuerzos de preservación del patrimonio arquitectónico del siglo XX que, a fin de cuentas, también incluye una gran cantidad de obra del Arquitecto Gonzalez de León.

En México se da la particularidad de que el grupo de arquitectos que recibe atención de los medios, gana concursos —cuando los hay— o es buscado por empresarios o políticos, es particularmente reducido y que además la gran mayoría de sus integrantes —especialmente en las nuevas generaciones— comparte excelentes relaciones. ¿Qué pasaría si este grupo se cerrara en banda, si a través de una acción coordinada comenzaran a exigir reglas del juego más justas, si dejaran todos de golpe de atender a cualquier pseudo-concurso o denunciaran las ocurrencias o métodos  de algún irresponsable gobernador en lugar de aceptar la oferta de un encargo?  Bastaría con pactarlo, y a quien no lo cumpliera, exhibirlo. Seguramente un activismo de este tipo serviría más para comenzar a construir una masa crítica y poder cambiar las cosas, que esperar a que los anquilosados colegios de arquitectos reaccionen y hagan su trabajo.

A los estudiantes de arquitectura les propongo un ejercicio: la próxima vez que asistan a una conferencia tengan una actitud más crítica y si  algún arquitecto les explica sus grandes logros pagados con dinero público, interróguenlo sobre la forma y modo en que recibió y gestionó el encargo. Pasarán un buen rato escuchando sus justificaciones y de paso ayudarán a que las cosas comiencen a cambiar. El escrutinio público es una herramienta poderosa y una de las más eficaces para controlar el comportamiento humano; como en México hay poco, es fácil inventarnos la realidad que más conviene, la  que nos permite justificar nuestros actos y limpiar la conciencia.

Concursos públicos

Texto de Eduardo Cadaval | @ecadavaln

En mi anterior colaboración escribí sobre la necesidad de democratizar el proceso por el cual se gestan y asignan  los proyectos públicos. En aquel texto no utilicé una sola vez la palabra concurso. No lo hice, porque creo que es un término comúnmente mal utilizado y que simplifica una problemática de mucho mayor complejidad.

Los concursos per se no son más que meros trámites administrativos: el mecanismo mediante el cual se resuelven intereses en conflicto al tiempo que se aprovecha para obtener un beneficio de dicha coyuntura. Esta práctica es utilizada en muchos ámbitos profesionales tanto públicos como privados donde las licitaciones forman parte de la cotidianidad  y a través de las cuales se discriminan propuestas económicas o alternativas técnicas, pero también se seleccionan proveedores o se desincentivan posibles actos de corrupción.

Los concursos son también la herramienta con la cual las sociedades democráticas gestionan el acceso a las  oportunidades ofrecidas por el Estado: desde un una plaza universitaria a través de un examen de admisión hasta el contrato para la construcción de una autopista.  Los procesos  concursales no sólo tienen como fin buscar la opción más idónea, son también una de las pocas formas que se tienen para asignar  bienes escasos  pagados con dinero público a quien tenga más méritos para obtenerlos.

En el caso de los concursos de arquitectura la problemática es quizá un poco más compleja pero el principio es el mismo; no son más que un instrumento y su verdadero potencial está en cómo dicho mecanismo es utilizado. En el caso de México partimos prácticamente desde cero. La cultura de los concursos es nula y la mayoría de los que se han realizado han sido un verdadero desastre. En un aleccionador texto Antonio Gallardo nos advierte de las diversas repercusiones por la falta de un marco regulatorio adecuado y, nos explica asimismo las enormes complicaciones que existen para construirlo.

Parece indispensable asimilar de cualquier forma que el esfuerzo por crear este marco normativo no servirá de mucho si no logramos construir una mayor cultura democrática y de rendición de cuentas que genere  que estos procesos se realicen de forma regulada y transparente. Son muchos los políticos y servidores públicos que rehúsan hacer concursos argumentando que siempre “se arma un desmadre”, “que los arquitectos nos quejamos de todo” y que es preferible optar por la eficacia y la discreción de asignaciones directas. No parece que nada de esto vaya a cambiar hasta que “el desmadre” se  “arme” realmente cuando estos agentes opten por no organizar concursos, es decir, hasta que sea menos problemático hacer un concurso que no hacerlo.

Como gremio, es nuestra responsabilidad cívica trabajar para forzar este cambio, de lo contrario, nadie va a hacerlo.  Los arquitectos de este país se han acostumbrado a ser extorsionados cada vez que quieren hacer su trabajo. En este contexto no sorprende la nula exigencia para que las cosas se hagan de otra manera. Pareciera que nos hemos acostumbrado a los malos tratos.  El hecho de que no se organice un escándalo cada vez que una asignación directa sucede no sólo nos retrata como país es también una radiografía del poco compromiso cívico del gremio. Somos los arquitectos los que conocemos de forma más cercana  esta problemática, por lo tanto, como profesionales y como ciudadanos es nuestro deber denunciarla e intentar cambiar las cosas. ¿Qué piensan los estudiantes y jóvenes arquitectos de todos estos abusos? ¿Por qué no exigen mejores condiciones para poder desarrollar su vida profesional? ¿Por qué no existe aún un #yosoy132 de la arquitectura? ¿Cómo es que las escuelas cometen la irresponsabilidad de creerse ajenas a esta discusión?

Es importante estar conscientes de que los concursos no serán ni mucho menos la solución a todos nuestros males ni mejorarán automáticamente el nivel de nuestra arquitectura como en ocasiones se piensa; hay incluso grandes probabilidades de que en los primeros años de implementación del sistema los resultados no sean los esperados y que muchos de los proyectos ganadores tengan poca o nula calidad. Pero lo importante es la estrategia de largo plazo, donde se matarían dos pájaros de un tiro: por un lado, la cosas se harían como se presume deben hacerse en una sociedad democrática y por el otro la competencia nos ayudaría a mejorar el nivel de los proyectos y a elevar la discusión pública sobre éstos.

 

TIPOS DE CONCURSOS

Existen muchas formulas válidas para organizar concursos; algunas de ellas utilizadas incluso en el sector privado:  hay concursos abiertos pero también los hay  por invitación, restringidos a equipos que puedan demostrar cierta experiencia o cualificaciones técnicas. En ocasiones, cuando se trata de edificios de gran complejidad o envergadura, se requiere que los equipos participantes cuenten con una práctica previa en edificaciones de similares características. Hay concursos restringidos regulados bajo políticas de discriminación positiva donde se privilegia la participación de jóvenes, mujeres o incluso minorías. Existen los concursos de ideas donde el objetivo último  no es construir un edificio sino meditar sobre un tema de trascendencia; algunas veces convocados por ayuntamientos o entidades públicas simplemente como un ejercicio de reflexión en la búsqueda de múltiples respuestas a un solo problema o  para fomentar la discusión pública sobre este.

Hay otros concursos que son por fases y  que incluso pueden tener una primera etapa en la que la convocatoria es abierta y de donde posteriormente se selecciona un grupo de participantes. A veces, a partir de este conjunto se piden propuestas para  seleccionar un grupo más reducido para una segunda  o tercera etapa. Por supuesto, todo concurso por invitación debería ser remunerado y no hay que pensar que éstos se pueden realizar sin costo alguno.

Otro  tipo de concurso es el llamado “de servicios y obra”. En éstos se licitan de forma integral los servicios tanto para diseñar como construir un edificio o infraestructura. Estos concursos muy comunes en Inglaterra u otros países europeos propician la colaboración entre empresas y  generan que las grandes constructoras contraten los servicios de despachos de diseño arquitectónico especializado ya que la puntuación por la calidad del proyecto se asigna de forma independiente a la propuesta económica. En ocasiones el presupuesto presentado por las constructoras es más alto que los de sus competidores y por lo tanto obtiene una menor puntuación, pero a cambio, la propuesta arquitectónica es de tanta calidad que obtiene los puntos suficientes para contrarrestar la diferencia con las otras propuestas presentadas  y así ganar la licitación.

El sistema de concursos dista de ser perfecto; en el caso de de aquellos de carácter público, existen  argumentos muy válidos que cuestionan aspectos como pueden ser su alta ineficiencia o la gran cantidad de horas de trabajo desperdiciadas en vano por los  equipos que no son seleccionados.  También es criticable que los arquitectos tengan a priori que regalar su trabajo para ver si a alguien le interesa contratar sus servicios.

Hay quien argumenta que no todos los proyectos públicos se pueden realizar por concurso y que también debe existir la posibilidad de realizar asignaciones directas. Esta postura tiene algunos argumentos sólidos pero sería inimaginable en muchos contextos.  En el europeo —por poner un ejemplo— es imposible pensar en asignaciones directas porque simplemente no son socialmente aceptadas en ningún ámbito y bajo ningún concepto. La arquitectura o el urbanismo no pueden ser la excepción, por lo que cualquier contrato público que exceda una cantidad mínima que oscila alrededor de los quince o veinte mil euros debe concursarse. Ya sea un contrato para un servicio de catering o para el diseño de un edificio, las reglas democráticas son primero y todo debe ceñirse a ellas.

Implementar un buen sistema de concursos en México tendría repercusiones tan enormemente positivas que el conseguirlo haría mucho más por la arquitectura del país que el mejor edificio posible o el conjunto de la obra del arquitecto de mayor talento que podamos imaginar. Sería deseable, aunque signifique  entrar en el juego de vanidades de los políticos, que alguno lo entendiera y quisiera colgarse esta medalla porque a fin de cuentas todos nos beneficiaríamos de ello.

 

BUENAS PRÁCTICAS

Hay muchos ejemplos de donde podemos aprender estrategias exitosas implementadas en otras partes del mundo. Sería fácil editar un manual de buenas prácticas.  En Suiza, cada concurso restringido tiene que incluir una oficina “joven” que no haya participado anteriormente en un encargo similar. En este mismo país, en diversas ocasiones, la labor del jurado no acaba con la selección del ganador o el fallo del concurso sino que sus miembros han de dar seguimiento al desarrollo del proyecto para que éste no se desvirtúe de su versión original  y  garantizar así,  entre todos los involucrados,  la calidad final del proyecto y aun la prevención de desviaciones presupuestarias. En un país tan influido por la democracia directa como lo es Suiza, involucrar al jurado en todo el proceso ayuda también  a las autoridades a validar sus decisiones.  En muchas ocasiones no es extraño que una vez fallado el concurso  se realice un referéndum para aprobar la idoneidad del proyecto seleccionado antes de  proceder con el resto del proceso para su  construcción. En Suiza, como en muchos países del norte de Europa, el trabajo previo en la preparación de un concurso, sus bases y pliego petitorio son tan exhaustivos que ello facilita por completo el resto del proceso edificatorio.

Otros ejemplos, en Italia, todo equipo que opta por participar en un concurso público ha de contar entre sus filas con  un arquitecto con menos de 4 años de experiencia. En Francia, donde prácticamente no hay concursos abiertos y casi todo se gestiona a través de concursos restringidos, los honorarios por participar en estos son tan altos que permitirían a una oficina pequeña mantenerse por un año. En Alemania, los concursos restringidos suelen incluir invitaciones a arquitectos de renombre, pero también se incluyen el mismo número para oficinas anónimas y finalmente alrededor de un 15% para oficinas jóvenes. Como en ocasiones es difícil juzgar los méritos de estas últimas ya que normalmente tienen  poca o nula obra construida, lo que se suele hacer es sortear el número de plazas disponibles entre el número de aplicaciones y  dejar, exactamente igual que en la lotería, que el azar sea el que decida. Por supuesto, una vez hecha la selección, todas las propuestas se han de presentar bajo una rigurosa anonimidad para garantizar la neutralidad del fallo. En Inglaterra, un certificado sobre el bienestar social que un despacho promueve entre sus empleados puede ser un requisito para ser seleccionado a competir y, en Estados Unidos, contar con minorías o con gente con capacidades diferentes entre los empleados de un despacho da puntos extras sobre aquellos equipos que no los tienen.

España, que ahora paga los excesos cometidos en épocas de abundancia, debe ser reconocida por haber creado uno de los sistemas más integrales y efectivos a la hora de gestionar y asignar proyectos públicos. Los ejemplos de buenas prácticas son abundantes: desde la participación de los colegios de arquitectos en la gestión de los concursos, hasta la creación de las estructuras jurídicas que los permiten, o  la selección de parte del jurado por el conjunto de los concursantes. España es un buen ejemplo de cómo un sistema de concursos estructurado permitió elevar el nivel de su arquitectura a cotas  inimaginables. Sus repercusiones permearon en las dinámicas de las universidades y las de los despachos de arquitectura lo que  finalmente dio como resultado que fuesen los mejores arquitectos los que construyeran la arquitectura pública del país.

Termino utilizando un símil; nadie se pregunta por qué México no es bueno en deportes alpinos, la respuesta es obvia: no tenemos nieve ni las infraestructuras necesarias para practicar dichos deportes. Los ridículos realizados en nuestras escasas participaciones en olimpiadas invernales lo comprueban. ¿Alguien piensa que en la arquitectura o cualquier otro ámbito esto es distinto? Si no tenemos las estructuras que nos permitan ejercitarnos y hacer las cosas de forma correcta, nunca seremos capaces de mejorar.

Producción de espacios mexicanos: ¿civilización o barbarie?

Arturo Ortiz | @arturortiz

La civilización es la condición cultural propia de las sociedades más avanzadas por el nivel de su ciencia, artes, ideas y costumbres. En la manera de edificar, se reflejan los niveles técnicos, las costumbres de habitar, las formas de vida e incluso la producción de sentido, es una muestra de civilización, donde podemos apreciar el nivel de sofisticación cultural de cada sociedad. Es la evidencia tangible de los procesos civilizatorios.

En México la civilización que se expresa a través de lo construido es muy precaria. Mientras un pequeño círculo de arquitectos se dedica a las audacias creativas, la gran mayoría de las edificaciones del país no cuentan con los criterios básicos con relación a la eficiencia constructiva, energética y medioambiental.

Las formas de producción urbana mas importantes por su extensión son los modelos de vivienda social y los asentamientos irregulares, en ambos casos, la manera de concebir los proyectos es muy rudimentaria, no se consideran seriamente aspectos como la innovación constructiva, la ventilación y la luz natural, las ganancias térmicas, una localización interior a los límites urbanos. El tipo y calidad de construcción en ambos casos es muy elemental, no refleja nuevos conocimientos técnicos, ni acercamientos arquitectónicos mas complejos. De cierta forma son expresiones de la urgencia económica por tener una casa, y por colocar créditos inmobiliarios por parte de las instituciones encargadas de la producción de vivienda. De la misma forma, gran parte de las edificaciones públicas destinadas a alojar a los cuerpos burocráticos o brindar servicios a la sociedad, que se han construido en los últimos años, repiten de forma sistemática las mismas carencias conceptuales en el diseño, la arquitectura y la planeación urbana.

La evolución cultural de la arquitectura en México se ha reducido a la obra de autor, mientras, el desarrollo que podría suponer la distribución de conocimientos constructivos básicos, a través de la normatividad y la educación, es inexistente.  Las periferias sociales coinciden con la periferia cultural, al menos en términos arquitectónicos.

El desarrollo cultural al rededor de la arquitectura se detuvo hace muchos años, perdió de vista que es a través de las ciudades, la manera en que se articulan los derechos en los entornos urbanos; en donde se pueden crear procesos sociales capaces de desencadenar identidades sobre nuevas y mas inteligentes maneras de habitar; entornos mediante los cuales, los espacios públicos garanticen las divergencias bajo un mismo techo jurídico; además de que puede propiciar construcciones congruentes con el medio ambiente, con la economía de los diferentes sectores socioeconómicos, y orientadas a procesos sostenibles.

A diferencia de dar muestras de un proceso de consolidación de una civilización, las edificaciones en México, y los entornos urbanos, que hemos producido en los últimos quince años, son principalmente una evidencia de la ausencia de una evolución cultural. La indiferencia institucional por los temas relacionados con el control y la distribución de los espacios, han dejado como resultado entornos urbanos incapaces de ofrecer condiciones para el ejercicio de los derechos; en todo caso hemos producido escenarios mas parecidos a escenas de la película Mad Max, donde el espacio se disipa a través de dinámicas informales de desarrollo, ante un medio natural destruido o abandonado; mediante espacios articulados por carreteras llenas de baches, que se conforman entre establecimientos de table dance, hoteles de paso, casas de empeño, oxxos y cajeros automáticos. La ciudad se fuga entre los intersticios, los no lugares y un entorno que de manera constante es ajeno a todos. Imaginemos por ejemplo, a las carreteras de entrada y salida a todas las ciudades del país, el camino entre un conjunto de vivienda y otro, avenidas por todo el país caracterizadas por alojar una mezcla de procesos formalmente irregulares, en donde lo único seguro es tu propia vulnerabilidad. La edificación de la vivienda es torpe, fuera de un lugar adecuado geográficamente, es cara, de alto costo de mantenimiento energético. En México, el estado se desvaneció en términos espaciales, el desarrollo urbano y la arquitectura son propicios para la barbarie. ¿Hasta que punto se le puede atribuir a la indiferencia por el control de los espacios, particularmente urbanos, como una causa más de la crisis de violencia que ha vivido México en el último sexenio?

La ausencia de civilización, que se muestra por todas las ciudades del país y por toda la imagen desaliñada y descontrolada, puede ser motivo suficiente para plantear seriamente la necesidad de desarrollar una legislación y una normatividad en relación a la arquitectura, el diseño industrial, la planeación y el diseño urbano; que tenga la finalidad de recuperar el control de los espacios; de crear espacios públicos definidos por permitir el ejercicio de los derechos; por crear un desarrollo intelectual y tecnológico que apunte a formas innovadoras de habitar y de producir suelo urbano; que tenga como objetivo desplegar leyes y normas que obliguen a los proyectos de vivienda y de edificios públicos, a buscar procesos constructivos eficientes, sostenibles y energéticamente viables.

Crear una Ley de proyectos, diseño y planeación es una opción jurídica y cultural de dirigir la producción de espacios hacia un proceso de civilización.

¿por qué proyecto público?

Alejandro Hernández Gálvez | @otrootroblog

Hace poco leía en el blog de Arquine sobre un par de nuevos edificios en la UNAM, ambos donaciones. Uno, el Posgrado de Economía, terminando en el 2010, fue donado por Carlos Abedrop a condición de que el proyecto fuera de Legorreta+Legorreta. El edificio es, tristemente, otro más de esos que repiten gestos de una marca ya conocida. El segundo es peor. Otra Unidad de Posgrado encargado por asignación directa a María José Ordorika, hija de Imanol Ordorika que con un pésimo edificio demostró, si hacía falta, que el saber hacer buena arquitectura no pasa por la sangre.

El 3 de mayo, día de la Santa Cruz y de los albañiles, se publicó en el Reforma que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón, además de su infausta actuación fingiendo pruebas para fabricar culpables, dejó más de 137 mil metros cuadrados, entre edificios construidos ex profeso y otros arrendados, que pese a haber costado cientos de millones de pesos, hoy se juzgan innecesarios.

También en el Reforma leo que la Federación Internacional de Natación descalaficó a la Alberca olímpica de la ciudad de México, en el cruce de Churubusco y División del Norte, para la serie final de clavados, pues el edificio, diseñado por Manuel Rosen para los Juegos Olímpicos de 1968, está en pésimo estado. Hace años alguien decidió enrejar la explanada de la alberca y después se cambió la cancelería de la fachada, alterando el diseño original y agregando unos gráficos sin ningún diseño. El actual delegado de la Benito Juárez, Jorge Romero Herrera, quien ha demostrado tener una “política” urbana absolutamente sin sentido, declaró que eso, la descalificación de la alberca, le parecía “un poquito descortés” y que ya la están rehabilitando, pero que no sabía que había que terminar tan pronto.

Ayer estuve en una comida de la CANADEVI, donde el presidente del Infonavit, Alejandro Murat, entregó premios a proyectos indefendibles. En la sobremesa ya se comentaban las invitaciones que hará el Infonavit a distintos arquitectos para próximos proyectos. Fuentes cercanas me dijeron “sabemos que debería haber concursos, queremos hacer concursos, pero no hay tiempo, nos piden empezar ya a hacer cosas.” Como siempre, imperan los tiempos políticos —que no sólo impiden los concursos sino también ignoran o apresuran el análisis y la planeación.

Ayer también pasé por primera vez en Periférico bajo la Fuente de Petróleos. Parece que aquello se construyó con demasiada prisa —aunque tardaran mucho— y que quien trazó las curvas y carriles no tenía nociones de geometría. La obra está hecha con pésima calidad y es una vergüenza que Miguel Ángel Mancera haya inaugurado algo que, evidentemente, no se ha terminado —la costumbre es inaugurar cosas tan mal hechas al final del sexenio, no al principio.

Hoy leo, de nuevo en el Reforma, que Graco Ramírez, gobernador de Morelos, gastó 6.6 millones de pesos en la remodelación de sus oficinas, vidrios blindados incluídos. También me han dicho que pronto se anunciará la construcción de algunos proyectos arquitectónicos en ese estado. Por invitación, claro. No hay tiempo de concursos. Pero confiemos, me dicen, serán encargados a buenos arquitectos —¿calidad mata dedazo?

La historia sigue y se repite una y otra vez y a todos niveles, federal, estatal, municipal o en las delegaciones. El funcionario en turno elige hacer alguna obra, porque se necesita o porque él la necesita para presumirla entre sus logros. No importa dónde ni cómo, menos quién lo haga. El proyecto se hará con prisas y se terminará a medias o mal —véase el legado arquitectónico de Consuelo Saizar. Y no habrá responsables. El país se va llenando de arquitectura mediocre y mal hecha que no sirve para lo que se planeó —si es que se planeó— e incluso la buena arquitectura construida hace años —como la Alberca Olímpica— padecerá igual fortuna: descuido, maltrato, malas remodelaciones.

Es, claro, un tema que atañe al gremio de los arquitectos. Sería mejor si hubiera transparencia en los procesos de planeación, decisión, construcción y mantenimiento de la obra pública. Concursos, sí. Pero también si nosotros, los arquitectos, dejáramos de ser complacientes con esos funcionarios y muchas veces, peor, cómplices —aun si no hay porcentajes de por medio. Tal vez no sea ilegal aceptar esas invitaciones pero no es bueno —aunque aceptar un encargo y fingir una licitación solicitándole presupuestos menores a un par de amigos no es muy ético que digamos.

Pero pienso que no es sólo un tema de arquitectos. Que construyamos mal y gastemos mucho en la obra pública, en edificios de gobierno, escuelas, hospitales, plazas o parques, que el país se parezca cada vez más a una escenografía de telenovela y que lo de la gran arquitectura mexicana sea más un mito que una realidad —como en el futbol, hay  Chicharitos pero lo que impera es la mediocridad— es un asunto público. Es parte de un proyecto público que, por sus consecuencias, tan sólo en lo que a metros cuadrados y gasto se refiere —ya no pensemos en la calidad del espacio público— nos atañe a todos. Y los arquitectos debemos sumarnos si pensamos que esta profesión tiene aún un sentido ético.

proyectos para obra pública

Toño Gallardo | @papantonio

No es nueva la preocupación de que los proyectos para la obra pública no estén debidamente regulados, y aunque la misma Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma —aquí cabe todo servicio, estudios de factibilidad, de costo-beneficio, de planeación, planificación, proyecto arquitectónico, urbano, de infraestructura, de supervisión, de coordinación de obra, por citar algunos— establece que hay estudios y proyectos que se deben elaborar antes del inicio de la obra y que obviamente deberían de estar terminados, para iniciarla, abundan los casos en donde no es así. Podríamos decir entonces que de entrada esos muchos casos violan el principio establecido en la ley.

La ley existe, sin embargo esto que parecería lo más lógico es lo que no se regula y entre muchas cosas por la deficiencia y cantidad de vacíos en la propia ley. Ya hablaremos en su momento del reglamento de ley, que tampoco contribuye en mucho, de manera específica en los proyectos, particularmente en los arquitectónicos.

La ley cuenta con 104 artículos, y el 48% aluden, de manera directa o indirecta, a servicios relacionados con la obra, en general, porque la palabra obra u obras, se repite 125 veces,  proyecto en general, 21 veces; proyecto ejecutivo 4, proyecto arquitectónico 6, proyecto urbano una sola vez, y  proyecto integral también una sola vez. La cantidad tal vez no signifique mucho, pero en estricto es muy claro después de la lectura, que no existe, ya no digamos una cultura del proyecto, o de la planeación, que solo se menciona 11 veces, no existe en la ley una claridad del significado y alcance del proyecto en general, y en particular del proyecto urbano y arquitectónico.  Cuando se refiere a proyecto ejecutivo, menciona débilmente algunos conceptos de ingenierías.

Tengo la impresión de que quien redacta las leyes carece de comunicación con los especialistas en la ejecución de proyectos, de cualquier tipo, y lo afirmo porque además para “cumplir” con los preceptos de la ley considera en la integración de conceptos, precios y presupuestos, como si toda propuesta consistiera en la ejecución de una obra, desde el limitadísimo criterio de material, equipo, herramienta y mano de obra, sin dejar los costos indirectos y utilidad.

¿Comprenderá el redactor la diferencia en el concepto “mano de obra”, que corresponde a la labor artesanal, de oficios, o de personal técnicamente capacitado y en ocasiones necesariamente certificado, con la de un dibujante especializado en un programa de diseño asistido por computadora, un analista de costos, un profesional calificado en la especificación de materiales y procedimientos de construcción, un analista estructural, de instalaciones, o de un proyectista, ninguno de ellos equiparable al obrero de la construcción, y no menciono aquí a los profesionales que elaboran el programa de necesidades para conceptualizar diversas forma de resolver un proyecto?

Si bien la ley plantea que toda obra y servicio deberán ser licitados, con diferentes modalidades, abierta o restringida, salvo excepciones puntuales para asignaciones directas, se restringen prácticamente a análisis de propuestas económicamente solventes, dejando tal ambigüedad, que generalmente se otorga el contrato a la oferta más baja, no se establecen los lineamientos para los concursos de diseño, arquitectura, diseño urbano, que tienen la principal ventaja de que, independientemente de los valores que muchos considerarán subjetivos, formales o estéticos, se puede analizar y evaluar perfectamente si cumplen con los objetivos de funcionalidad, superficie, necesidades de materiales y procedimientos de construcción, de sostenibilidad, así como de mantenimiento, calidades y tiempos de ejecución y eventualmente de vida útil, y claro está de habitabilidad.

La oferta más baja, aparentemente más solvente, no garantiza un planteamiento integral, sobre todo, porque la misma ley no establece dichos criterios.

Lo delicado, y por tanto grave, de la falta de claridad de lo que es y que contiene un proyecto arquitectónico, por citar éste, es que el redactor y los operadores de la ley en todas las dependencias, consideran que un proyecto es un conjunto de dibujos en planos con algunos documentos para construcción, en el mejor de los casos, que si bien efectivamente en muchos de ellos se han reducido a eso, es porque no al no ser considerados, no son debidamente remunerados.

Un proyecto ejecutivo, sin precisar los alcances, es aquel con el que idealmente se podría ejecutar una obra, pero antes es aquél con el que se puede planear una obra, en términos de costo, de tiempo, y de calidades, todo como un proceso.

Un objeto que va a ser fabricado industrialmente requiere planos y procedimientos muy  detallados, incluso de modelos de prueba, por ello el objeto es diseñado.

No es el caso de la arquitectura, que resuelve necesidades específicas, y pese a que puede haber modelos repetibles por ejemplo en vivienda, por citar un género, éstos sólo se deberían aplicar en un sitio en particular, determinado por la complejidad que implica el clima, el contexto socioeconómico y físico, las condiciones del terreno, la factibilidad de servicios y el suministro de materiales, entre otros. Esto que parece claro para la mayoría y muchos de ellos arquitectos, no lo es tanto.

¿Cómo plantear un modelo de regulación para concursar proyectos de arquitectura y de urbanismo?

Aparentemente existe un gran apoyo a la simple propuesta de que todo proyecto arquitectónico debe de ser por concurso, sin embargo, ante la complejidad de cualquier proyecto, los costos, y los tiempos que se pueden y deben destinar a los proyectos para que sean madurados, deben existir formas y procedimientos específicos de concurso, desde los abiertos públicos, hasta los de invitación restringida, habiendo concursos de ideas, o de anteproyectos, en una, dos o más fases, y eventualmente criterios para asignaciones directas.

La gran mayoría apoya el planteamiento de los concursos de arquitectura por ser este el método más democrático, en donde el promotor recibe diferentes propuestas y es posible evaluar contrastadamente las mismas, siempre que lo haga a través de un asesor profesional, un jurado multidisciplinario y no sobra decir, independiente, profesional y ético, a lo cual se agregaría, capacitado y experimentando en el tema del proyecto. Para eso existen en otros países los colegios de jurados, y en algunos hasta la figura del jurado representante de los concursantes. El proceso por sí mismo tiene un costo, que debe ser considerado como parte de la inversión inicial.

Es por esto entre otras cosas que tanto autoridades del sector público, como promotores privados consideran que un concurso es un gasto y no necesariamente es una garantía en el proceso ni el resultado. Sin embargo debe ser considerado una inversión.

Aquí aparece el primer reto, soportar la propuesta destacando ventajas sobre posibles desventajas, incluso combatiendo las malas experiencias de los últimos tiempos que, sin duda,  han sido por problemas no identificados desde la concepción original del concurso, bases deficientes, fallas en el proceso y en los resultados, hasta omisiones de miembros del jurado que no conocen con claridad los objetivos y las bases del concurso, incluso aquellos que no se han ejecutado, sin haber otorgado premios y en no pocos casos sin indemnizar a los ganadores.

En el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, pese a todas las críticas, se han elaborado en el pasado varios manuales de recomendaciones para concursos de arquitectura, el último en 1986, lo cual ha sido poco difundido y poco utilizado, recomendaciones que siguen los lineamientos de la UNESCO y de la Unión Internacional de Arquitectos. Si bien requiere actualización es pauta para un buen reinicio.

Por lo que toca la LOPSRM,  pese a que hay gente que considera que no es necesario hacer una nueva ley de estudios y proyectos, lo que si es conveniente es definir el marco regulatorio para estudios y proyectos específicos (dirían algunos los servicios relacionados con la obra pública) ya sea con un reglamento particular, o bien adecuando el vigente, y desde la ley remitiendo a dicho reglamento.

Existen muchos ejemplos recientes en donde las autoridades recurrieron al concurso de arquitectura, adecuando las necesidades del proyecto y de la dependencia que estaría cargo de su contratación, por ejemplo la Biblioteca Vasconcelos, la Nueva Sede del Senado de la República, la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Monumento (Arco) Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, el Pabellón de México en Shanghai, asignando un proyecto ganador y contratando, en varios casos con la aplicación del arancel de servicios profesionales del Colegio de Arquitectos. No se otorgó a la propuesta de honorarios profesionales más baja. Otro caso es el del Concurso del Archivo General de la Nación, para una parte del edificio únicamente, ya que otra fue asignada a una firma colombiana argumentando que contaban con experiencia que en este país no existe. Al final no se contrató, no se realizó el proyecto, ni tampoco se indemnizo a los ganadores. Otro lamentable caso fue el otro concurso para el Bicentenario, en el Distrito Federal: la Plaza de Tlaxcoaque, concurso cuestionado, así como proyecto y construcción fallidos por problemas de organización y previsión; los ganadores igualmente quedaron como se dice coloquialmente “colgados de la brocha”.

Por otro lado la realidad que impera en las licitaciones de servicios para servicios profesionales por los montos estimados, ha hecho crecer la insana práctica de los concursos por invitación restringida a cuando menos tres participantes. Ya ni siquiera es secreto a voces, todos saben que dos son comparsa del ganador pre-designado. ¿Alguien puede pensar que los mismos convocantes y sus órganos de control interno no están conscientes de esto?

Organizaciones gremiales y profesionales y pequeños grupos con incipiente organización y poca representatividad, son incapaces no solamente de combatir esta situación, también han sido incapaces de hacer propuestas efectivas que requieren de la concurrencia de profesionales de otras ramas, empezando por la legal y la administración pública.

También hay que reconocer que a muchos sectores de gobierno parecería no convenir contar con un marco regulatorio, si no institucionalmente, a muchos funcionarios no les parece lo más adecuado.

Querer llamar la atención sin una estrategia de comunicación, ya sea en esporádicos foros, en donde asisten pocos y no existe un adecuado eco o capacidad de respuesta, ni de escucha, eventuales intervenciones en medios, en donde el planteamiento no es nota, hasta la falta de conocimiento y oficio político para cabildear o sensibilizar ahí en donde se puede iniciar una cruzada, como en comisiones legislativas y partidos políticos, hacen la tarea aún más difícil.

Hoy la situación debe de permitir que esto cambie, y no solamente se trata de combate a la corrupción y  la impunidad, sino de producir las obras públicas que requiere el país, con proyectos ejecutivos profesionales.

Hay propuestas, como hacer un estudio comparado de marcos regulatorios en otros países que aparentan haber tenido buenos resultados. Pero hace falta reconocer que si parece que han tenido éxito, es difícil aplicarlo en nuestro país, porque la legislación en sí misma no es ni parecida.

Hay países en donde la misma regulación de la profesión es nula o muy limitada, otros en que es obligatoria, y unos más en donde ya no existe tal regulación. En donde también la colegiación o la matriculación tampoco es obligatoria o si la hay está alejada, si no es que divorciada de los organismos profesionales. En Estados Unidos es requisito para el ejercicio el registro previo examen profesional, pero es voluntario pertenecer a una asociación profesional; el registro en el Reino Unido es obligatorio, pero no todos lo obtienen, en España ambas son obligatorias, título y colegiación; en Colombia, está separado, pero existe un organismo que controla el ejercicio de la titulación; en Chile está más regulado e interrelacionado; en Argentina en algunas provincias existe en otras no hay nada; en Uruguay también es muy débil la ley.

Sin embargo en muchos países los procedimientos de los concursos de arquitectura, que son para cierto tipo de proyectos, cuentan con normas efectivas. Chile es un caso en donde cuentan con Colegio de Jurados, con perfiles claros, no cualquiera puede ser jurado en cualquier concurso. En Colombia han avanzado mucho.

Organizar concursos es un trabajo que requiere experiencia y conocimiento, y que no debe de ser una labor honorífica: implica costos, es un servicio profesional multi e interdiscplinario.

Ante estas circunstancias de cualquier forma existe gente que se ha manifestado y que propone que existen condiciones para iniciar esta que yo llamo cruzada, para contar con un marco que regule los proyectos para la obra pública, que más que ser una llamada de atención, o un grupo que pretende “hacer ruido”, aunque a veces eso se necesita, está integrando un proyecto que en breve contará con la fundamentación requerida y sin duda con el apoyo creciente del mismo gremio, aunque a algunos o a muchos no les convenga, así como de otros profesionales y personas preocupadas y comprometidas con la solución del problema.

El problema ya se ha identificado, éste es el mayor avance. Los estudios y proyectos para la construcción de la obra pública no cuentan con un marco regulatorio adecuado. 

Toño Gallardo, es Arquitecto-UNAM, Maestro en Educación, y ha trabajado en distintas administraciones de organismos gremiales de tiempo completo, locales, nacionales e internacionales desde hace más de 30 años.

Proyecto público

Texto de Fernando Donis

El término público tiene dos significados relacionados pero no idénticos (Hannah Arendt):

Por un lado, todo lo que aparece en público puede ser visto y escuchado por todos. Esta “apariencia pública” es lo que constituye nuestra realidad. Cada vez que hablamos sobre nuestras experiencias personales, éstas se integran en una realidad que no existía anteriormente. La presencia de otros que ven y escuchan lo mismo que nosotros es lo que nos asegura la realidad de donde vivimos.

Por otro lado lo “público” significa lo “común” a todos, a diferencia de nuestras pertenencias personales. Con esto Arendt no se refiere al mundo donde vivimos sino a los artefactos humanos así como a los asuntos entre (en medio de) los que vivimos este mundo, las ciudades y sus espacios que creamos conjuntamente. Para vivir juntos en una ciudad necesitamos esos elementos que tenemos en común, como una mesa en la que nos sentamos alrededor para conversar e intercambiar ideas. Esos espacios comunes, esas “mesas” son las que nos relacionan y separan al mismo tiempo. Lo público, entendido como común, nos integra y previene de “tropezarnos” entre nosotros.

Poco a poco hemos perdido la capacidad de integrarnos, de relacionarnos y separarnos al mismo tiempo. Arendt ejemplifica esta condición con la analogía de tener una reunión entre un grupo de individuos sentados alrededor de tal mesa, en la que repentinamente ésta desapareciera desarticulando la sesión en la que estaban involucrados. A nivel de ciudad sucede algo similar; estamos por una parte perdiendo la posibilidad de tener mesas de discusión para articular procesos; y por otra, como resultado, la capacidad de generar espacios urbanos y edificios públicos que nos integren y relacionen.

En una ciudad que es realmente pública (común), las diferencias de posición de sus individuos con sus distintas perspectivas, están todas enfocadas en los mismos objetivos. Si nos conformamos en no tener objetivos comunes o colectivos y no identificamos conjuntamente tales proyectos que nos atañen a todos, nuestra ciudad común se destruiría. El resultado sería el aislamiento, donde nadie está de acuerdo con el otro, transformándonos todos en privados; donde no entendemos, vemos o participamos -como arquitectos en este caso- cuales son los procedimientos en los que se basa la construcción de la ciudad, que es reducida entonces a experiencias singulares. Una ciudad formada de este modo jamás se convierte en común sino en una repetición infinita de eventos personales y obscuros, en los que todos nos encontraríamos atrapados.

Si bien es cierto que un proyecto público, un “edificio público” no es necesariamente abierto al público en el significado inicial de Arendt, sí pertenece al bienestar común de todos los miembros de la comunidad ya que es parte del estado como la “autoridad pública” (Habermas). Los ciudadanos tienen derecho a conocer y participar en su correcta implementación.

Un proyecto (lat. projectum) es algo “arrojado”, dirigido hacia adelante, propuesto. Este “arrojar” que hacemos de una manera colectiva, haciendo pública la necesidad de conocer y participar en los procesos con los cuales se construyen los edificios y espacios públicos de nuestras ciudades, es ya un proyecto público en sí mismo, un meta-proyecto. El siguiente paso de este “proyecto público” será que una vez visto y escuchado por todos, se tomen las medidas necesarias  para convertir esta contemplación en acción conjunta y poder construir una ciudad pública, común a todos. Es necesario que nuestras ciudades se transformen expresando las fuerzas colectivas, representando a la gente; y el único modo de lograr esto será participando abiertamente como colectivo organizado con fines comunes.

Más sobre el proyecto público

Publicado por Jorge Vázquez del Mercado en 24 horas | @JorgeVdM_Arq

En esta columna extiendo, a manera de largos paréntesis o “entre guiones”, algo más sobre lo reflexionado la semana pasada en relación a los proyectos públicos, en el mismo orden de ideas.

Primero sobre la disgregación de (nosotros) los arquitectos en cuanto a gremio y la imperiosa necesidad -urgente- de una ley de proyecto público. Un cuestionamiento sobre la arbitraria asignación directa de la mayoría de los proyectos de Gobierno —digamos—, y un anhelo de alguien que vigile dicha asignación con la robustez necesaria como para organizar concursos profesionalmente y de manera sostenida. Lo natural es pensar que ese alguien debiera ser un colegio de arquitectos, aunque se caiga rápido en la cuenta de que, para tener esa capacidad de responder profesional y sostenidamente, el citado colegio necesitaría recursos suficientes, y de allí la idea de que sólo con muchos agremiados (mínimamente contentos y comprometidos) podría aspirarse a ello, amén de otras formas de obtener recursos (fundraising) que con un gremio disgregado —y descontento— se antoja titánico.

Una ley de proyecto público, ¿quien la redactaría? Vuelvo a la idea de algún colegio de arquitectos o la Federación o alguno de los seminarios de la Academia Nacional de Arquitectura, quizás los que tratan temas sobre el Oficio de la Arquitectura. ¿Gratis? La ocurrencia me hace regresar inevitablemente a la idea de que la disgregación del gremio no ayuda tampoco y menos a quienes queremos avanzar en la cultura de los concursos de arquitectura en México. No sé si alguna vez estuvimos “no disgremiados” (término del arquitecto Toño Gallardo), en épocas gloriosas como las de la construcción de la Ciudad Universitaria, quizás, pero también se sabe que la organización de un concurso se le podría encargar a cualquier otra persona, física o moral. “No pasa nada”.

Esta idea de ley de proyecto público empezaría por el tema de su asignación y de cómo regular los concursos de ideas de Arquitectura, Diseño o Urbanismo (matiz de escala en este caso). Aquí lo subrayable es que la democratización no es muy relevante si se le ve desde la perspectiva de “tener contentos a los arquitectos”. Se trata de que el Gobierno caiga en la cuenta —urgentemente— de que lo que se pone en juego es la posibilidad de obtener las mejores soluciones de diseño para determinados problemas de espacio (con igual o mayor economía). Esa es la ventaja de los concursos que por añadidura traería mayor superación profesional y la consecuente elevación del nivel de nuestra arquitectura. No hay de otra. Ahora bien, el tránsito desde el concurso ganado hasta la contratación del proyecto se rige hoy por una Ley de Obra Pública que aplica equívoca y erráticamente para los proyectistas. He tenido la oportunidad de trabajar en distintos estados de la República, y la experiencia de uno nada ha tenido que ver con la de los otros. Los términos de referencia para ser contratado denotan que la ley está diseñada para la ejecución de obras y no para trabajos de proyecto. Ni hablar de las fianzas que hay que pagar y de las estimaciones que hay que integrar para conseguir los honorarios de nuestros servicios profesionales; por lo general, hay que pagar para trabajar; pero es lo mismo: cada quien nos ingeniamos la manera de salir adelante al margen de nuestro gremio, y nos hemos podido adaptar sin tener a quién acudir. “No pasa nada”, nuevamenteEl tema (sobre los proyectos públicos), en conclusión, es el replanteamiento de la profesión, de la utilidad de los colegios de arquitectos para las ciudades, y el fortalecimiento de la arquitectura como la posibilidad de mejores proyectos públicos. La propuesta del involucramiento de los jóvenes en estos temas resulta tan imprescindible como la participación de las escuelas de arquitectura para fomentar una nueva cultura en ese sentido. ¿Cómo podríamos aspirar a un mejor futuro al absoluto margen de la profesión? Mejor procurar avanzar en un impulso integrador.

Sobre los proyectos públicos

Publicado por Jorge Vázquez del Mercado en 24 horas | @JorgeVdM_Arq

Noticias recientes como las de los proyectos urbanos capitalinos que estarán a cargo de los suizos Herzog & DeMeuron (premio Pritzker 2001) (¿diseñarán el DF?), o de cierta renovación (¿demolición del mercado?) de La Merced (obra patrimonial de Enrique del Moral en 1957), o de una propuesta de aspecto caricaturesco que apareció hace pocos meses sobre una ampliación del Palacio Legislativo de San Lázaro (de Ramírez Vázquez a cargo de ¿Ramírez Vázquez?), entre otras seguramente, son evidencias tanto de la disgregación de (nosotros) los arquitectos en cuanto gremio, como de la imperiosa necesidad -urgente- de una ley de proyecto público.

Hace poco más de cinco años en una entrevista de opinión sobre la Torre Bicentenario de Rem Koolhaas nos preguntaron: “¿Es lamentable que sea demolido el edificio de Vladimir Kaspé (Súper Servicio Lomas) para edificar esta torre o todo es sacrificable en nombre de la modernidad? Respuesta: “Es lamentable, aunque interesante —y no por eso menos lamentable— que tomemos conciencia de nuestro patrimonio arquitectónico a partir de la noticia espectacular. Ni quién se inmutara cuando modificaron gravemente al Súper Servicio Lomas de Kaspé, forrando su fachada con placas de aluminio, y ni a quién le importe que el Conjunto Aristos de José Luis Benlliure presente deterioro o si una casa de Luis Barragán en La Condesa se está cayendo o si el Conjunto Manacar de Enrique Carral también fue alterado. Considero que el tema del patrimonio arquitectónico y su conservación merecen una urgente reflexión al margen de la polémica de este proyecto en particular.” La cita por esto: patrimonio arquitectónico, proyectos de mayor o menor escala, o el impacto urbano (aunque sea de inversión privada), ponen de agudo manifiesto que cualquier proyecto construible tiene ineludible responsabilidad social implícita desde el encargo y la contratación del proyecto hasta la ejecución de la obra, esta última con una ley (de Obra Pública) que hoy aplica equívoca y erráticamente para los arquitectos proyectistas y su contratación particular. En referencia a los proyectos de ámbito nacional y de mayor efecto público, digamos gubernamentales -si vale la semiclasificación-, la responsabilidad social -desde la ética no moralina- obliga a las autoridades a soportar las decisiones importantes de diseño (arquitectónico, urbano, medioambiental, sostenible, accesible, viable) mediante mecanismos que garanticen el cumplimiento de su responsabilidad, de “responder”, en este caso por la decisión de quién proyectará. De allí que la iniciativa de ley de proyecto público urgente debería normar, primero, la asignación de los “encargos” mediante concursos (todo un capítulo del que ya hemos reflexionado aquí) que garanticen la obtención de las mejores soluciones de diseño (aunque sea relativo el término “mejores”) y, segundo, la “sana” contratación de los servicios profesionales contenidos en el proyecto y la dirección (arquitectónicos, urbanos o de diseño) “ejecutivos”, en sus diferentes etapas y alcances, garantizando -entre muchos otros aspectos del proceso de redacción de un proyecto completo- que la obra no sólo se construya, sino que se construya bien.

El panorama proyectado por una iniciativa de esta índole se verá nítidamente desde la perspectiva de un beneficio que aterriza en la sociedad -mejor ciudad-, en el Gobierno -que transitaría de la opacidad a la trasparencia- y en la arquitectura -por añadidura desde la superación profesional como sistema de superación colectiva.

Si bien es cuestionable que la democracia sea inversamente proporcional al desarrollo urbano, valdría la pena detenerse en la evidente disgregación del gremio, y repensarlo impostergablemente desde la reunión, la concentración o la también urgente incorporación de los jóvenes a los colegios de arquitectos -por ejemplo- para aspirar con mucho más fuerza a la viabilidad de ésta o de cualquier otra iniciativa. Urge.

Ley de proyectos públicos 2

Texto de Eduardo Cadaval publicado originalmente en portavoz | @ecadavaln

Por la trascendencia del  tema tratado por Arturo Ortiz Struck en su anterior colaboración en Portavoz, me permito continuar con algunas reflexiones al respecto. El texto de  Arturo Ortiz me hizo recordar un twitt de Consuelo Sáizar presumiendo la presentación de la nueva cineteca en el festival de cine de Cannes. Lo que no entendió la entonces presidenta de Conaculta  fue que si ella o sus colaboradores  hubiesen explicado a sus pares europeos cómo habían asignado el  proyecto, ellos les habrían dicho que en sus países eso constituiría un delito y que si a ellos los descubriesen haciendo algo similar, terminarían en la cárcel.

En México la asignación directa de proyectos públicos no es un delito pero sí  una práctica que debería eliminarse. Tendríamos que  hacerlo no sólo porque el gusto de un individuo no debería imponer cómo deben ser los espacios en donde todos convivimos, sino porque en muchos casos ello constituye una pieza más del complejo engranaje  de corrupción y tráfico de influencias que sigue lastrando al país. La transparencia en la asignación de encargos públicos no sólo afecta, como suele creerse, al ámbito disciplinar de la arquitectura o el urbanismo; es algo mucho más profundo y un tema de primordial importancia en cualquier sociedad democrática moderna: la igualdad en el acceso de oportunidades laborales.

Lo que se paga con dinero de todos debe servir a todos y gestarse a través de un proceso abierto y transparente. Cuando estos procedimientos se hacen de forma adecuada tienen enormes beneficios sociales que van más allá de la obra construida. En los proyectos públicos se tiende a pensar que lo único importante es el resultado final, e incluso que el fin justifica los medios y que si en este país se quiere hacer algo se tienen  que tomar atajos o saltarse ciertas normas. Olvidamos entonces que lo importante no es sólo obtener una obra terminada sino construir un sistema que permita que este tipo de proyectos puedan realizarse a través de los cauces adecuados y de forma democrática.  

Hay muchos arquitectos comprometidos que pese a no sentirse cómodos con las asignaciones directas participan del sistema porque es la única forma que tienen de hacer proyectos para el beneficio común. Hay otros que utilizan el nefasto argumento “es mejor que lo haga yo a que otro lo haga peor”, y por supuesto, hay muchos más que se benefician de prebendas y corruptelas y cuyo interés está, por lo tanto, en prolongar el sistema existente.

Tener el privilegio de que te encarguen un proyecto público en México es en muchos sentidos la rifa del tigre. Llevarlo a buen puerto es casi una proeza y el riesgo de ir a la bancarrota esperando un pago o de que no se respete el  proyecto es altísimo. Modificar el proyecto original no sólo afecta sus valores estéticos sino que, en muchos casos, se alteran también componentes técnicos  o materiales especificados que hacen que a la postre los edificios presenten problemas estructurales, de inundación, goteras u otros. Los medios de comunicación  y  el escrutinio público desconocen todos estos detalles y  achacan  al arquitecto problemas generados por decisiones contra las que nada pudo hacer. Si se quiere que los arquitectos se responsabilicen de su trabajo, éstos necesitan  tener la autoridad en la obra que les permita hacerlo.  Así sucede en muchas partes del mundo lo que no sólo responsabiliza al arquitecto sino que lo convierte en  garante del proceso constructivo y de la calidad final de la obra.

Los proyectos culturales realizados recientemente han llamado más la atencion del gremio, pero el grueso del problema no está solo ahí.  ¿Qué pasa con el resto de encargos federales? ¿Qué pasa a nivel estatal?  ¿Qué a nivel municipal? ¿Quién hace la pequeña clínica en Chilpancingo, o el parque de barrio en Guadalajara?  ¿Cuántas oportunidades se desperdician? ¿Cuántas corruptelas suceden? A Sáizar se le presumen buenas intenciones detrás de la forma en la que asignó los proyectos; pero, ¿qué sucede si no es así? ¿Qué pasa cuando se trata de un caso de corrupción? Parte del problema parece estar en  que cuando se trata de proyectos para edificios públicos se tolera cierto fraude patriótico bajo la creencia de que es la única forma que existe de asegurar un proyecto de mayor calidad. La élite cultural y política de México, los editorialistas más influyentes e inclusive la critica arquitectónica especializada alaban los edificios de los “grandes arquitectos mexicanos”, pero nunca se preguntan cómo les han sido asignados.  Los mismos que denuncian las irregularidades en el IMSS o el SNTE parecen olvidar  su postura crítica si se trata de un proyecto que juzgan bello o si el autor forma parte de la crema cultural del país. Cualquier arquitecto europeo o americano que visita México queda sorprendido con la cantidad de obra pública de Teodoro Gonzalez de León, Abraham Zabludovsky o Ricardo Legorreta entre otros. Les sorprende la cantidad porque está construida en una época en la que en sus países las cosas ya se hacían de otra forma y en donde era imposible que un despacho acaparara los encargos públicos por la simple razón de que su trabajo le gustaba al presidente o secretario de estado de turno. Llevamos 30 años de atraso y los arquitectos debemos estar conscientes de que estamos así, en parte, gracias a que las generaciones que nos precedieron no hicieron nada para cambiar las cosas. Nosotros no podemos hacer lo mismo.

Indignados

¿Dónde están los indignados por la arquitectura de México? En un país sin una regulación clara en los métodos de encargo de proyectos arquitectónicos de obra publica ni en la realización de concursos, la falta de transparencia afecta tanto a clientes y arquitectos como a los proyectos en sí. También afecta a los ciudadanos en general, quienes viven en lugares donde no sólo la arquitectura “oficial” se realiza con irregularidades, sino más del 60% de lo que se construye se hace de manera informal. ¿Porqué se requiere modernizar la legislación vigente?¿Porqué la democratización en los procesos de asignación de proyectos de arquitectura pública es un tema que atañe a todos? Importa no sólo porque cada proyecto pagado con dinero público podría tener a más personas ofreciendo mejores soluciones, sino porque el propio ejercicio de democracia abriría la posibilidad de generar plataformas más sólidas; tomar mejores decisiones. Ayudaría a encausar las voluntades políticas y el dinero de todos a proyectos más eficientes, de alcances realistas. Obligaría a los arquitectos a satisfacer deseos colectivos.

Los términos en los que se producen los proyectos públicos –desde un monumento a un edificio gubernamental o la reparación de una banqueta- son no sólo opacos sino injustos. La inoperatividad de las instituciones ha dejado a los arquitectos desprotegidos, a los políticos sin brújula, a los inversionistas sin certezas y a la sociedad en un entorno caracterizado por visiones a corto plazo. Los arquitectos, como gremio desarticulado, no estamos siendo capaces de ser útiles a la sociedad. ¿Quién está planeando la manera en la que se desarrollan nuestras ciudades? ¿Cuál es la relación entre los proyectos de obra pública y las infraestructuras de transporte, los programas de vivienda o las políticas sociales? Por lo general, se recurre a la excusa del sentido de urgencia para generar proyectos absurdos y desligados del resto. A esta condición se ha sumado el deseo de replicar el efecto del efecto Guggenheim de Bilbao. Pero se sabe de sobra que el proyecto de renovación de Bilbao, como el de Barcelona, se apoyó no sólo en la realización de edificios emblemas de arquitectos del starsystem, sino sobre todo en una serie de estrategias que comprendían desde el diseño de una pequeña plaza de barrio y una guardería, hasta la redefinición de la periferia y los servicios de la ciudad. El vínculo entre inversión privada y obra pública se sustentó en base a la trasparencia. Ésta tuvo que ir de la mano con una democratización de la arquitectura, donde los concursos confiables fueron clave.

Hoy tenemos ejemplos muy próximos –como los de Medellín y Bogotá- donde a pesar de  situaciones de carencia extrema, han sido capaces de reescribir en pocos años la historia de sus ciudades. A partir de una serie de proyectos de obra pública pensada para conectar las zonas marginales con programas sociales y de infraestructura de transporte público, ha sido posible modificar desde sus índices de violencia hasta sus ingresos por turismo. Se ha tratado de pequeños espacios deportivos, centros cívicos, bibliotecas de barrio o banquetas que conectan con la cultura, el vecino y el transporte público. Los efectos de la burbuja inmobiliaria de otros países, quienes padecen los cascarones vacíos de autores de renombre, han forzado a replantear el papel de los arquitectos en la sociedad. También obligan a cuestionar las acciones políticas de cara a la ciudad.

En México, ¿quién decide en qué y en dónde se emplea el presupuesto de obra pública? ¿Quién elige al arquitecto? ¿Cómo garantizar que el proyecto seleccionado se construya y se construya bien? Lo que queda, frecuentemente, no son sólo proyectos caros sino inútiles. En cualquier país civilizado, no puede gastarse dinero público en un proyecto sin un proceso de encargo democrático, respaldado por instituciones como el Colegio o la Sociedad de Arquitectos. Tampoco puede demolerse una obra arquitectónica relevante. En México no existe una regulación útil que proteja el patrimonio arquitectónico del siglo XX. Salvo contadas excepciones, como Ciudad Universitaria y Casa Barragán -protegidas por ser Patrimonio de la Humanidad- así como algunas obras de principios de siglo, el resto carece de resguardo. La demolición de obras como el Súper Servicio Lomas de Vladimir Kaspé (1952) y el Conjunto Manacar de Enrique Carral (1963), sustituidas por nuevos edificios de Teodoro González de León, evidencian no sólo una torpeza gremial sino la falla de instituciones y leyes.

Recientemente, se anunció, con pocos días de diferencia, por un lado, la creación de cinco proyectos urbanos inciertos en el Distrito Federal asignados a los famosos arquitectos suizos Herzog y de Meuron, y por otro, la renovación (demolición) del Mercado de la Merced de Enrique del Moral (1957) que representa una de las obras icónicas de la modernidad. ¿Dónde pueden conocerse dichos proyectos y sus métodos de encargo? ¿Quién los avala? ¿Qué papel juegan instituciones como el Colegio de Arquitectos, el INBA, el INAH y las universidades de arquitectura? ¿Dónde están al menos los indignados?