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Productive procrastination (o la dilación productiva)

Durante el tortuoso proceso de escribir una tesis doctoral descubrí (de un colega) el término ‘productive procrastination’, que en esencia significa postergar la realización de cosas que uno necesita hacer con otras actividades que, a pesar de no ser necesarias o mucho menos urgentes, también pueden ser productivas. (Por ejemplo, escribir en este blog en lugar del documento que requiero terminar.)

Creo que esas ‘perdidas del tiempo o dilaciones productivas’ son formas tangenciales, y posíblemente relevantes, de abordar un problema. Recientemente he pensado en 3 textos/autores que me parece útiles para nuestra discusión sobre el Proyecto Público. Por distintas razones, Amartya Sen, John Rawls y David Foster Wallace ofrecen perspectivas para pensar algunos de los temas sobre el proyecto y el concurso público.

De Amartya Sen y su pregunta sobre que tipo de equidad : Equality of What?

De John Rawls su concepto sobre el velo de la ignorancia en su Teoría de Justicia (página 118)

De David Foster Wallace en su ensayo Authority and American Usage del libro Consider the Lobster, publicado originalmente en Harper’s como Tense Present: Democracy, English and the Wars over usage, en particular su idea sobre el ‘espíritu democrático.’

Por lo pronto van las ligas a los textos y en la siguiente entrada una serie de ideas de cómo creo que pueden vincularse con la problemática del concurso y el proyecto público.

Ley de proyectos públicos

Texto de Arturo Ortiz Struck publicado originalmente en Portavoz:

En México no existen reglas claras para la contratación de proyectos arquitectónicos públicos. El lamentable y poco ético ejemplo de Consuelo Saizar, y su manera de contratar arquitectos a partir de su diverso y flexible gusto es sólo un botón de muestra. La forma en que el estado y las instituciones gubernamentales contratan a los arquitectos, es mediante la ley de obra pública, todos los que hemos trabajado para el gobierno, hemos tenido que llenar infinitos y kafkianos formatos en donde debemos de justificar que el uso de la memoria RAM, es equivalente al desgaste de un trascavo.

El gremio y los colegios de arquitectos, no han tenido la capacidad de gestionar los modos de contratación y en todo caso han generado esquemas en donde los responsables gubernamentales y los arquitectos, no se responsabilizan de nada, debido a que existen los Directores Responsables de Obra, que mediante la venta de su firma, validan la ocurrencia que sea, siempre y cuando tenga un buen cálculo estructural.

En el caso de los medios especializados de arquitectura, a diferencia de los medios dedicados al análisis político, sobre derechos humanos y sobre narcotráfico, los cuales han logrado generar transformaciones en las políticas públicas y son un dispositivo de presión a las instituciones; los medios de arquitectura se han dedicado a exaltar las destrezas creativas de arquitectos, con el aparente objetivo de legitimar y formar un grupo élite, definiendo principalmente “quien es quien” en el mundo de la arquitectura. La función de las principales revistas en los últimos 15 años, se asemeja mas a las revistas del corazón y alcurnia (arquitectónica), que a medios capaces de colocar temas de discusión, como los derechos del gremio en las agendas públicas. Los medios de arquitectura no han participado hasta el momento en la crítica, elaboración y transformación de las políticas públicas relacionadas a la arquitectura.

En el sexenio anterior, el Distrito Federal tuvo una gran apertura en cuanto a los derechos civiles, se normaron y legalizaron los derechos de las familias, de la diversidad de género, el derecho al aborto, entre otros, sin embargo no fueron ocurrencias de Marcelo Ebrard o de alguno de sus funcionarios; en todo caso, estas leyes fueron una respuesta a exigencias que se plantearon desde la sociedad civil y que lograron generar un marco ideológico en donde esos temas se tenían que tomar en cuenta, discutir y legalizar.

Me parece que es momento para intentar una discusión publica al rededor de la relación jurídica entre las instituciones públicas y los arquitectos. Los nuevos medios de arquitectura, aparecen ante la necesidad de abrir los escenarios de discusión a un público mas amplio, de participar políticamente, de colocar temas en las agendas institucionales y de entender que los atributos culturales de la arquitectura no están en el formalismo vacío, sino en definir la función de la arquitectura ante una sociedad. Para lograrlo, es importante definir las reglas del juego de los proyectos arquitectónicos públicos, por ejemplo, definir a los funcionarios públicos ¿cuáles son las herramientas para saber que deben contratar?, ¿cómo definir un programa arquitectónico?, ¿cómo validar ese programa?, ¿cómo poder contratar a despachos capacitados para la elaboración del proyecto?, ¿qué capacidades técnicas debe tener un arquitecto o su despacho?, y que puedan definir alcances y parámetros económicos claros para la ejecución de un proyecto público y su posterior construcción. También es fundamental que se determine la responsabilidad de los arquitectos y el alcance de su trabajo, para que la construcción de un proyecto no se detenga por indefiniciones o falta de información, que exista una certeza para el funcionario público que está a cargo de la inversión.

Pero también que los arquitectos tengan una claridad de cómo pueden ser contratados, ¿a partir de qué procesos?, ¿qué experiencia requieren y cómo se pueden distribuir proyectos públicos a partir concursos que reconozcan la experiencia y solidez de los despachos, la edad de los participantes y el tipo de proyecto en el que puede participar un arquitecto recién egresado o alguien con una practica consolidada?. Que los arquitectos tengan la certeza de que su proyecto se va a respetar y que nadie va a llegar a poner elementos que no están especificados por el despacho.

Por otro lado es importante establecer que el dinero público no se puede gastar en proyectos definidos por experimentaciones formales, sino que los proyectos públicos deben atender criterios de funcionalidad práctica, bajos costos de mantenimiento en el largo plazo, bajo consumo energético, que muestren una eficiencia en el proceso constructivo y que se atengan a un presupuesto pre-establecido por las autoridades. Pero también es importante definir mecanismos de administrativos que le permitan al arquitecto cobrar de manera clara y en los tiempos correctos para entregar a tiempo y no tres meses después de haber entregado el proyecto.

Se requiere establecer una Ley de Proyectos Arquitectónicos Públicos, que establezca las normas de operación, que de transparencia a la selección de arquitectos y diseñadores industriales, que permita reconocer la necesidad de un proyecto, que determine correctamente programas arquitectónicos, que la ley tenga la capacidad de brindar certeza a los funcionarios, a las instituciones, a los arquitectos y diseñadores, pero sobre todo a la sociedad, que al final del día es la usuaria de los equipamientos públicos.

Otras formas de hacer arquitectura

Hace unos meses Fernanda Canales, Eduardo Cadaval y yo, Alejandro Hernández, publicamos un texto en el periódico Reforma, que incluyo aquí abajo, preguntando sobre los proyectos de arquitectura pública en México y la pertinencia o necesidad de cambiar la manera como se realizan hasta ahora. El tema lo hemos seguido discutiendo entre nosotros y con más amigos y colegas que comparten la misma preocupación aunque quizá no piensen en las mismas soluciones.

Recientemente, a partir del anuncio de que Jacques Herzog y Pierre de Meuron dirigirán un proyecto urbano en la ciudad de México, volvimos a preguntarnos, entre otras cosas, por la manera como se toman decisiones sobre los actores que intervienen en proyectos de arquitectura pública. Pensamos que es un tema importante y que no sólo tiene que ver con el gremio de los arquitectos y diseñadores. En estos días, iremos publicando distintas opiniones sobre el tema abriendo la discusión, incluyendo las ideas de distintos actores no necesariamente arquitectos ni obligatoriamente sólo de México. Aquí aquel texto que publicamos a fines del año pasado:

En México se deberán construir en los próximos 12 años cerca de 18 millones de viviendas, además de escuelas, hospitales, carreteras y toda la infraestructura de soporte. ¿Quiénes planearán y construirán estas obras? ¿Qué beneficios tendría hacerlo bien? ¿Cuáles las repercusiones de hacerlo mal? El potencial de la obra pública como detonador de urbanidad ha transformado ciudades y sociedades. Sitios como Medellín y Bogotá cambiaron tanto su fisonomía como su historia al vincular arquitectura -como bibliotecas de barrio, escuelas y guarderías- con infraestructura de transporte colectivo y espacio público. Entender la continuidad entre la casa, la banqueta, la calle y el parque transformó la vida de miles de personas.

Durante los últimos 50 años las ciudades de México han crecido sin planeación. Tampoco existe una democratización ni transparencia en la asignación de los proyectos públicos. El acceso a proyectos a través de concursos abiertos no es un problema de arquitectura, sino de cultura democrática, de igualdad de oportunidades laborales y de lucha contra la corrupción. Un concurso favorece el surgimiento de nuevas ideas y ofrece múltiples soluciones a un mismo problema. Más que concursos monumentales, quizá los que necesitamos son aquellos de nivel básico, desde el centro deportivo de un pequeño pueblo a la clínica regional o la nueva guardería. En uno de los países con más escuelas de arquitectura en el mundo -más de 100- y con uno de los mayores índices de construcciones informales y de falta de credibilidad institucional, los concursos también pueden ayudar a mejorar la calidad de la educación al abrir oportunidades para que tanto alumnos como profesores se enfrenten a problemas concretos donde la arquitectura podría volverse algo más útil.

En los años cincuenta, para la creación de Ciudad Universitaria, hubo un concurso interno y más de 100 arquitectos participaron en el proyecto. En los años noventa, para el Centro Nacional de las Artes, el concurso fue por invitación y sólo participaron ocho grupos. La construcción de nuestras ciudades, de nuestras casas, escuelas, hospitales y calles no puede seguir dependiendo de las decisiones del gobernante o administrador en turno. Se requiere de una ley que obligue a que haya concursos de proyectos para cualquier tipo de obra pública, algunos abiertos y otros por invitación, algunos locales, otros regionales, unos nacionales e incluso, los menos, internacionales. Con una normatividad clara tanto para convocar los concursos como para seleccionar al jurado.

¿Vamos a confiar en que las instituciones funcionen sin una participación enérgica y colectiva? ¿Seguiremos esperando a que los legisladores vislumbren la necesidad de dicha ley o, movilizándonos, seremos capaces de proponerla? Se requieren poco más de un millón 300 mil firmas para que una iniciativa ciudadana llegue al poder legislativo, ¿cuántos estudiantes de arquitectura y arquitectos somos en el país? ¿Cuántos queremos un juego con reglas claras en el que todos podamos participar? ¿Cuántos ciudadanos querrán sumarse y saber a quién pueden exigir mejores servicios? Los ciudadanos son los que pagan las obras que muy pocos eligen y reparten. Es su dinero el que se gasta pero no sus espacios los que se construyen. Es tiempo de buscar otras formas de hacer arquitectura.

El concurso y sus enemigos (2005)

Recientemente, desde distíntos ámbitos –académicos, profesionales y de distíntas generaciones— se ha externado preocupación y descontento por los procedimientos y resultados de los concursos públicos de arquitectura de los últimos años en México. Esas preocupaciones comparten la frustración frente a un mecanismo que parecía representar la alternativa a las adjudicaciones directas de proyectos públicos. Sin embargo, la promesa de que los concursos conllevarían una más clara, transparente y meritocrática asignación, pero sobre todo que resultarían en mejores obras, parece no haberse cumplido. Existen varias razones por las que no ha sido así.

En primer lugar, los concursos no se han complementado con acciones básicas para su efectividad. La más evidente es que las leyes de obra pública no contemplan la figura del concurso, lo que representa un enorme obstáculo para su adecuada implementación. Si a esto se le suma la dudosa configuración de jurados, los criterios de selección de los mismos, la falta de vinculación entre la selección de un proyecto, la asignación de recursos y la realización del mismo, el escenario no es muy alentador.

Otro factor ha sido la sombra de la corrupción, de que las reglas y las decisiones no son claras. Según Transparencia Internacional, la corrupción en el sector de la construcción y obra pública es mayor que en cualquier otro sector de la economía. Es ingenuo pensar que estas prácticas sólo ocurren en los procesos de construcción y no en los de diseño. La corrupción puede existir tanto entre los organizadores y el jurado como entre los participantes, y van desde que algún competidor tenga más o mejor información, a la existencia de vínculos cuestionables entre participantes y jurados, hasta la ‘crónica de un ganador anunciado’. Entre algunos jurados e instituciones existe todavía la noción de ‘fraude patriótico’, privilegiando a un arquitecto, por amistad, trayectoria o gusto, aunque su proyecto no sea el de mayores méritos ni cumpla con los requisitos técnicos. Lo alarmante es, según parece, que el fin justifica los medios y es preferible tener buenos edificios, aunque se realicen con prácticas poco éticas, quebrantando procedimientos democráticos y verificables. Esto es preocupante, ya que genera una apología del autoritarismo.

En concursos recientes también se ha percibido un chauvinismo que lleva a privilegiar a arquitectos locales, yendo del ‘sospechosismo’ a la franca indignación entre arquitectos extranjeros. Con o sin razón, la credibilidad de México como sitio donde impere la ecuanimidad y transparencia ha quedado francamente lastimada, promoviendo una imagen de nacionalismo bananero. El riesgo es que el país se vuelva poco atractivo para arquitectos extranjeros, minando la confianza y la legalidad de los procedimientos.

Por último, los concursos públicos no han traído los beneficios asociados a los mismos. No han servido para promover nuevas generaciones —como en Francia o España—, no han generado proyectos originales –como la Villette o la terminal de Yokohama— ni han promovido un debate sobre temas relevantes —como en el WTC de Nueva York. Por el contrario, parecería que sólo han confirmado virtuosismos o, peor aún, resucitado arquitecturas anacrónicas.

Para sentar las bases de un cambio auténtico, planteamos tres sugerencias:

1. Profesionalizar la organización de los concursos:
Es fundamental estudiar cómo organizan concursos instituciones de países que llevan décadas haciéndolo. Esto es clave para que los procedimientos tengan sentido, diferenciando si el objetivo es escoger un proyecto específico o seleccionar un arquitecto con quien trabajar. No existe un modelo único de concurso, por lo cual ni los alcances, ni los requisitos ni los miembros del jurado deberían ser iguales en todos los casos. En España, por ejemplo, los participantes a un concurso tienen poder de nominar a un miembro del jurado; un sistema de reconocimiento de colegas que garantiza credibilidad. Resulta esencial que las instituciones dejen madurar la toma de decisiones, sin supeditarlas a fines electorales o personales. La transparencia del debate y de las decisiones del jurado son fundamentales para evitar la ‘caja negra’ (se sabe lo que entra y lo que sale, pero no lo que pasa adentro). Las actas del jurado deberían convertirse en herramienta que justifique los motivos de su decisión.

2. Desarrollar un sistema de jerarquización de concursos
Es absurdo pensar que todos los concursos requieran proyectos desarrollados o que los requisitos participación sean un obstáculo para evaluar la arquitectura. Por el contrario, habría que fomentar desde concursos que sean sólo de ideas hasta otros orientados a especialidades y que requieran de experiencia y méritos adquiridos.

3. No todo proyecto público puede ni debe ser por concurso
Es engañoso pensar que la arquitectura y la democracia vayan de la mano, ya que ni la participación abierta ni la licitación pública sustituyen el ingenio creativo o especializado. Es ingenuo poner tantas expectativas en los concursos sin reconocer que existen otros esquemas para construir ‘lo público’. Las instituciones públicas deben reservarse el poder de valorar cuándo y cómo convocar un concurso, y cuándo inclinarse por un concurso restringido o por una asignación directa. Lo que sí se puede hacer es conferir a esos procesos la transparencia adecuada para que su combinación resulte en una mejor gestión de la obra pública. En este sentido, el ‘peer review’ -revisión por parte de colegas- ha llevado a que en Estados Unidos sean los profesionales reconocidos quienes asesoren a la institución.

Así como la democracia no es sólo una instancia electoral, tampoco la ‘democracia arquitectónica’ puede limitarse a la simple convocatoria de concursos. Debe haber una transformación profunda tanto en las prácticas como en las instituciones, y que las normas garanticen que los concursos no sean sólo motivo de polémica y de división profesional, distinguiendo entre discusiones de procedimientos y discusiones de estética.

El desencanto no debería producir un cinismo autoritario -“ya lo decíamos que los concursos no funcionan…”- ni un optimismo conformista -“el concurso fue un éxito y los resultados están ahí…” Los ‘enemigos’ del concurso arquitectónico no son quienes plantean una reflexión crítica para reformarlos sino quienes, como actores del mismo, perjudican, por acción u omisión, el desarrollo de concursos transparentes, los que privilegian el silencio o el pensamiento único, los que anteponen prejuicios estéticos o amistades en lugar de asumir los riesgos de la sorpresa, los que prefieren el concurso como mecanismo excéntrico en lugar de convertirlo en el instrumento central de la práctica y de la construcción de la obra pública.